Es posible revertir la falta de agua

Uno de los temas que ha protagonizado el debate político en las últimas semanas es la sequía en Doñana. Se trata del humedal más grande de Europa y se está quedando sin agua. A pesar del cruce de declaraciones entre la Junta de Andalucía (en manos del PP) y el Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos), para ver quién es el responsable de la situación, lo cierto es que este parque nacional se podría recargar de agua en cualquier momento si las administraciones involucradas dieran su visto bueno. «La verdad es que no entiendo la polémica, que parece política», confiesa Salvador Merino, subdirector del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga. «No existe ningún impedimento técnico para reabastecer de agua Doñana y sus acuíferos inmediatamente», asegura el también delegado de Pastoral Universitaria de la diócesis de Málaga, que es uno de los impulsores del proyecto Agua+S. «Incluso podríamos acabar con la falta de agua en todo el país», dice.

En la actualidad, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 2 de mayo de 2023 es de 346 mm., lo que según la Agencia Española de Meteorología representa un 26 % menos que el valor normal correspondiente para dicho periodo. La falta de lluvia está afectando directamente a la reserva hídrica española, que se encuentra al 49,6 % de su capacidad, tal y como informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado miércoles 3 de mayo. Precisamente, la cuenca del Guadalquivir, donde se sitúa Doñana, es la que presenta el nivel de agua embalsada más bajo. Podría albergar 8.113 hectómetros cúbicos, pero solo tiene 1.971 (24,5 % de su capacidad). Agua+S podría llenarla. Los centros de producción de esta iniciativa podrían generar, cada uno de ellos, 20 hectómetros cúbicos anuales de agua potable, ampliables a 40.

—¿En qué consiste el proyecto?

—Emulamos con tecnología lo que hace el planeta de forma natural, que evapora el agua del mar, la convierte en nube y la deja caer en forma de lluvia para que se formen ríos. Nosotros extraemos el agua, la desalamos y la llevamos a un pantano cercano. Y la energía para llevar a cabo todo este proceso, que solía ser muy costosa —una circunstancia que siempre ha provocado la no instalación de las desaladoras—, la obtenemos de placas fotovoltaicas flotantes que se instalan en la misma superficie del pantano que se va a rellenar.

La legislación permite, en la actualidad, cubrir el 15 % de la superficie de un embalse. Con este número de placas se logra cinco veces más energía de la que utiliza la desaladora. «El sobrante se puede inyectar en el mercado, generando unos ingresos que amortizarían la construcción de toda esta infraestructura en solo tres años», aclara Merino, que también habla de la posibilidad de utilizar la salmuera que se genera en el proceso para desarrollar una industria paralela. «Se podría destinar para la creación de hidrógeno, sal, cloro y otros derivados químicos, siempre sostenibles, de interés comercial», subraya.

Además, hay que tener en cuenta que una placa flotante logra un 20 % más de energía que la que se instala en la tierra, por la «ausencia de polvo y porque el agua mantiene una temperatura mucho más estable del sistema». Por otro lado, la colocación de las placas sobre los embalses también tiene que ver con la imposibilidad de colocarlas sobre tierra firme: «Ten en cuenta que el terreno costero es muy fértil y lo necesitamos para cultivar, no podemos perder ese espacio instalando placas solares, por lo que los embalses o los canales de regadío son lugares idóneos para colocarlos». A la luz de las ventajas y del bajo nivel de agua embalsada, Salvador Merino se sorprende de la «lentitud burocrática» y de la «cantidad de administraciones que tienen que dar su permiso para la instalación de una infraestructura hídrica». En su opinión, habría que facilitar el proceso y unificar los trámites.

Gráfico

Los retrasos en la legislación contrastan con el galardón que la iniciativa obtuvo hace un año en los II Premios Innosocial Málaga, que reconocen a proyectos especialmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el interés mostrado por Agua+S por Naciones Unidas. Tanto Salvador Merino como Francisco Guzmán —el otro impulsor de la idea— estuvieron el miércoles pasado con Julio Andrade, que dirige el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, en Málaga y adscrito a la ONU, para estudiar la posibilidad de exportar el proyecto a otros países con problemas de agua.

Otra de las instituciones que ha mostrado su preocupación por el tema ha sido la Iglesia, que se ha movilizado para rezar para que vuelva la lluvia. Mientras tanto, Salvador Merino coloca su fe en la base de su compromiso «para trabajar en el cuidado de la casa común, como nos alienta el Papa Francisco».