Cáritas denuncia ante la ONU que en España 3.900 personas viven sin agua potable

Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, publicado el pasado martes, una de cada cuatro personas en el mundo (el 26 %) no tiene acceso a agua potable, y casi la mitad (el 46 %) no tiene acceso al saneamiento básico. Este dato, dado a conocer con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, suele llevar a pensar en la sequía del este de África, donde hasta el 90 % de los pozos de algunas zonas de Somalia, el norte de Kenia y el sur de Etiopía se ha secado, según Oxfam Intermón. Allí, una de cada cinco personas no tiene agua suficiente para beber, limpia o no.

El Día Mundial del Agua sirve para recordar que en muchos otros lugares, el acceso al agua se logra a un alto precio. Cada día, 1.000 niños mueren de diarrea, asociada al agua contaminada. Y miles de mujeres y niñas tienen que recorrer diariamente varios kilómetros para sacarla de los pozos, lo cual con frecuencia obliga a las pequeñas a abandonar los estudios.

Sin embargo, no hace falta viajar tan lejos para conocer las consecuencias de la falta de acceso al agua limpia. Sin salir de Madrid, Mariluz lo vive a diario. Vive con su marido y sus dos hijos, de 11 y 8 años, en Las Sabinas (Móstoles), el segundo asentimiento ilegal más grande de la Comunidad de Madrid, situado en la orilla del río Guadarrama. «Nunca te acostumbras a vivir sin agua», confiesa en un testimonio difundido por Cáritas Española. «Todos queremos volver del parque con los niños y darle al grifo para ducharnos, pero eso yo no lo tengo». La entidad llevará este caso ante la ONU. Aprovechando que participa junto con la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023, va a dar a conocer algunas reivindicaciones frente a este grave problema.

«Sale con tierra»

Algunas familias cuentan con un pozo que les abastece de agua. Pero esta no potable. «Es agua filtrada del río, porque cuando llueve sale con tierra. No sirve ni para lavarse los dientes». Mariluz no quiere lavar a sus hijos con ella, para que no cojan infecciones. En vez de eso, compra garrafas de ocho litros. «Tengo que calentarla en una olla y echarla en un cubo para bañar al niño pequeño y luego a la niña para que cuando vayan al colegio vayan con higiene y sean niños normales», asegura.

En invierno, el pozo suele congelarse y la bomba con la que la sacan no funciona. Cuando eso ocurre, los vecinos del poblado que sí recurren a él tienen que ir a coger agua en una fuente junto al colegio Emilio Ferreiro.

En nuestro país, Cáritas asiste a 3.900 personas que como Mariluz y sus vecinos no pueden realizar un gesto tan sencillo como abrir el grifo. Personas cuyo hogar son infraviviendas y asentamientos informales (rurales y urbanos) ubicados en Madrid, Almería, Huelva y Tenerife.

Obligación de los ayuntamientos

Cáritas considera que es «una situación tremendamente grave en un país como España, donde la propia normativa obliga a todos los ayuntamientos a proveer de la misma a las personas y familias empadronadas en sus municipios». Por eso, en diversas partes de nuestra geografía ha llevado estos casos ante las autoridades locales, y luego ante el Defensor del Pueblo nacional o autonómico.

El proceso comenzó hace cinco años en colaboración con algunas relatorías especiales de la ONU. En Huelva, presentaron reclamaciones ante los ayuntamientos por la vulnerabilidad en la que viven los vecinos de 32 asentamientos chabolistas, la mayoría inmigrantes irregulares. Luego vinieron Almería y Tenerife. En el caso de Las Sabinas, donde vive Mariluz, en 2021 se presentó ante el Defensor del Pueblo una queja que aún está en trámite. En aquel momento, más de 900 personas vivían en chabolas junto a la ribera del Río Guadarrama, 344 tenían entre 0 y 16 años.