El Papa sigue dando pasos hacia la transparencia en el Vaticano. El pasado viernes, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano encargó al grupo Ernst&Young una auditoría. Se trata de la primera vez que una misión similar se encarga a laicos, aunque tiene un antecedente en la decisión de encargar a la consultora norteamericana Promontory para depurar las cuentas sospechosas en el IOR y en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. La decisión, tomada de acuerdo con la Pontificia Comisión Referente de Estudio y Orientación para los Asuntos Económicos y Administrativos de la Santa Sede, pretende que la auditora lleve a cabo «un trabajo de verificación y asesoramiento sobre las actividades económicas» y la gestión del Governatorato. Sus conclusiones servirán para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos económicos y administrativos de la Ciudad del Vaticano.
De forma simultánea, el Papa aprobó, mediante un motu proprio, el nuevo Estatuto de la Autoridad de Información Financiera (AIF), que entra en vigor hoy. La nueva regulación se construye sobre el motu proprio del 8 de agosto pasado y sobre la Ley número XVIII, del 8 de octubre, sobre normas en materia de transparencia, vigilancia e información financiera. Con todo, aporta algunas novedades, como la institución de una oficina dotada de los recursos necesarios para la vigilancia prudencial sobre las instituciones que desarrollan profesionalmente actividades de naturaleza financiera. Esta función de vigilancia prudencial fue incorporada a la labor de la AIF en la Ley número XVIII. Los Estatutos también diferencian las competencias y responsabilidades del Presidente, del Consejo Directivo y de la Dirección. Esta decisión sigue reforzando la estructura de la AIF, y orientándola a su misión de luchar contra el blanqueo de dinero; y se suma a la creación de dos comisiones investigadoras: la primera, del banco del Vaticano (IOR); y la segunda, sobre el resto de las actividades económicas de la Santa Sede.