Entidades de Iglesia piden al Gobierno un paso al frente si no sale la ILP de regularización

Distintas entidades de Iglesia han unido fuerzas para reclamar, una vez más, la aprobación de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes. El Grupo Eclesial de Apoyo a la ILP ha instado este miércoles a todos los grupos parlamentarios a que «aprueben sin más dilaciones la regularización extraordinaria en trámite en el Congreso».

Para ello, previamente, les pide que «retomen la vía del consenso en materia migratoria, fuera de discursos de odio y polarización, sin instrumentalizar a personas vulnerables». Ya demostraron que es posible, al dar luz verde el 9 de abril de 2024 a la tramitación parlamentaria de la iniciativa, «con una amplia mayoría».

En caso de que no sea así, «si no fuese posible alcanzar el respaldo de una mayoría parlamentaria», las entidades eclesiales exhortan al Gobierno español a que adopte esta medida motu proprio, «en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades». Esto sería posible mediante la aprobación de un real decreto.

«Al margen de cálculos políticos»

Las organizaciones que forman este grupo son la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. De forma más general, también animan a las formaciones políticas a escuchar «el clamor de la sociedad civil, de la Iglesia y de las propias personas migrantes que reclaman reconocimiento y justicia».

«La regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad política, ética y social», subrayan. «Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión». En esa línea, piden garantizar «que este tema esencial para la convivencia, el bien común y la dignidad humana quede al margen de los cálculos políticos».

El Grupo Eclesial de Apoyo a la ILP reconoce que la entrada en vigor en mayo del nuevo reglamento de extranjería es «un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes». Pero insisten en que necesita, como «complemento imprescindible», la regularización extraordinaria. Recuperan así la postura que presentó en su nombre Cáritas el 18 de junio ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso.

Casos especialmente difíciles

Argumentan que la regularización ofrece «respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias» recogidas en el reglamento. Se trata de «numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente». Por ejemplo, hay personas que no pueden acreditar dos años de permanencia en España, «a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia».

Otras no tienen documentos y no pueden acceder a la cédula de inscripción por la rigidez de los trámites. La «lentitud de la Administración» también hace que haya quienes, «aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo».

Otro grupo es el de las personas a las que les resultará muy complicado encontrar trabajo por su edad, por tener discapacidad o enfermedades crónicas o por no tener hogar. Incluso existen casos de familias con niños que no pueden ser regularizadas «aun cumpliendo los requisitos».

Mención aparte merecen los solicitantes de protección internacional cuya petición ha sido denegada. Estos «quedan atrapados en largos periodos de irregularidad», pues a pesar de llevar tiempo en España el contador de su presencia en nuestro país para solicitar la regularización por arraigo se pone a cero.