En México aumentan las «zonas de silencio»

El 9 de mayo, poco antes de una manifestación en protesta por el asesinato el día 5 del periodista mexicano Luis Enrique Ramírez, un tiroteo acabó con Yesenia Mollinedo, directora del semanario El Veraz, y su fotógrafa, Johana García. Semana negra dentro de un año negro. Según la Federación Internacional de Periodistas, en 2021 México fue el segundo país con más periodistas asesinados, ocho, solo por detrás de los nueve en Afganistán. En 2022 son ya once. Y 36 en los tres primeros años del mandato de Andrés Manuel López Obrador, un 50 % más que con los anteriores presidentes.

Estos datos coinciden con la publicación del Índice de Libertad de Prensa Mundial, de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Alerta de que la polarización de los medios se ha duplicado, lo que alimenta la división a nivel global. En México el problema es más básico: aunque ocupa el puesto 127 de países en el índice general, en cuanto a la seguridad de sus periodistas está en el 179 de 180. Balbina Flores, representante de RSF en el país, explica que los asesinados son, «en general, periodistas locales de medios pequeños» que «trabajan temas políticos o de seguridad». Los ataques se producen en buena medida en lugares como Michoacán, Veracruz, Oaxaca o Zacatecas, con un «contexto de violencia enquistada» por la acción del crimen organizado. Por eso se sospecha que «gran parte vienen del narcotráfico, pero en un porcentaje muy alto de casos en connivencia» con las autoridades.

Ejemplo de ello es Abraham Mendoza, asesinado el 19 de julio de 2021. Había trabajado para un puñado de emisoras de Michoacán, incluida la de la Universidad Vasco de Quiroga. Desde esta entidad, su amiga Eva Sánchez narra para Alfa y Omega cómo, tras un accidente de coche que en noviembre de 2015 lo puso «al borde de la muerte», Mendoza «decía que había vuelto a nacer, y que tenía que trabajar con más ganas por la verdad». Incluso cuando hasta sus amigos le advertían de que «era muy directo» en sus críticas al Gobierno.

Afirmaba que las frecuentes protestas en la capital estatal, Morelia, eran consecuencia de una mala gestión. También denunciaba las tomas de municipios y los cortes de carreteras por parte del crimen organizado, y la impotencia de la Guardia Nacional. «Repetía mucho que estábamos en un Estado fallido». Fue tiroteado al salir del gimnasio. Aunque se detuvo a tres sospechosos, el crimen nunca se esclareció. «Se especuló que había sido pasional, pero él no estaba relacionado con ninguna chica», asegura su amiga. La impunidad en estos casos es casi total, según Flores. Más en las 29 desapariciones aún sin resolver.

Sacerdote asesinado

No son solo periodistas. Este miércoles se encontró muerto, en Baja California, al sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, desaparecido desde el 15 de mayo. El Centro Católico Multimedial confirmó que el cadáver fue localizado en un rancho junto al de otra persona sin identificar, ambos con signos de tortura. Fueron miembros de su parroquia quienes realizaron el descubrimiento.

Rivas Saldaña pertenecía a la archidiócesis de Tijuana. Sacerdote desde hacía más de 27 años, fue párroco de El Buen Pastor, en la localidad del mismo nombre. Desde el año pasado estaba al frente de la Casa del Migrante en Tecate.

Se trata del quinto sacerdote mexicano muerto violentamente desde 2018, uno en 2019 y tres en 2021. Es asimismo del sexto sacerdote asesinado en el mundo en lo que va de año. Y el tercero en Iberoamérica, después del hondureño José Enrique Vásquez (el 3 de marzo) y del boliviano Wilberth Daza (16 de abril, Sábado Santo, por la noche). Además, este año han muerto violentamente Joseph Tran Ngoc Thanh, el 28 de enero en Vietnam; Richard Masivi Kasereka, el 2 de febrero en República Democrática del Congo, y Joseph Aketeh Bako, a mediados de abril en Nigeria.

La situación preocupa a los comunicadores católicos. En el último encuentro de SIGNIS México, la entidad que los agrupa, se incluyó esta realidad como una prioridad en el plan de trabajo de la nueva directiva, explica su presidenta, Beatriz González.

RSF lleva tiempo demandando «acciones más contundentes de prevención, y una protección más eficiente» y ágil. En el país existe desde hace diez años un Mecanismo de Protección para personas amenazadas. Ampara a 1.500, entre ellas a 500 comunicadores. Pero con solo 45 empleados y sin protocolos en 20 de los 32 estados, la respuesta no siempre es la adecuada. Desde 2011, nueve periodistas murieron violentamente a pesar de contar con protección. Otros «la habían solicitado», pero en ese momento no la tenían.

Además de la pérdida de vidas, a la entidad le preocupan las consecuencias a largo plazo. 40 periodistas amenazados han abandonado sus regiones. «Esto va generando zonas de silencio», desde las que ya no llega información. Con todo, para Flores «lo más impresionante es que haya muchos otros colegas que siguen trabajando. Son admirables».