En la Amazonía peruana «se están secando los sembrados y muriendo los pescados»

Rosita salió de la Amazonía peruana a 39º C de temperatura y se encuentra con un Madrid de 2º C en las horas más frescas. Este es solo uno de los muchos cambios que ha vivido desde que dejó su comunidad nativa natal, Puerto Nuevo, en plena Amazonía peruana, la semana pasada. Es la primera vez que sale de su país esta mujer líder indígena, cuya vida ha estado dedicada a la agricultura y a la pesca. Y a defender sus derechos ante las injerencias de las concesionarias madereras, que se instalan en sus bosques y a las que no pueden denunciar «porque nos amenazan de muerte». Además, esta situación ahonda en un problema que sufren muchas de estas comunidades: «Mi territorio no está titulado. Llevamos 20 años de lucha para que nos puedan titular»; es decir, que les otorguen el título de propiedad sobre el área que ocupan.

La risa de Rosita es franca y su abrazo, de corazón. Es ya abuela aunque no tiene ni una sola arruga. Su marido, Osbaldo, era de otra comunidad. Hablan lenguas nativas distintas, pero se entienden en castellano, que es la lengua común. Si a Rosita le hubieran dicho que la semana próxima estaría en la ONU para dar a conocer la realidad de las comunidades nativas de la Amazonía peruana, se hubiera reído. «Yo no pensé llegar tan lejos; esto es una bendición de viaje». Pero sí. Lo va a hacer en Ginebra, acompañada de Laura Ramírez, su dupla de Cáritas de su región, Madre de Dios (sureste del país), que hace el acompañamiento a su comunidad, formada por 45 familias. El mensaje a los mandatarios es claro: «Pedir ayuda para las comunidades, que nos hagan caso». «Nos llaman comunidades nativas —abunda— porque protegemos nuestros bosques». Así, «como indígenas vivimos en una comunidad caracterizada por nuestra lengua y cuidando nuestra naturaleza».

Hace diez años, Rosita fue pionera en participar en talleres a los que solo iban los hombres. Tras eso, fue elegida presidenta de su comunidad (ahora el cargo lo ocupa su hijo mayor). Y en 2020, esta líder indígena participó en la tercera escuela de Promoción y Defensa de los derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica. Allí aprendió, entre otras cosas, a mantener una reunión y a explicar los problemas a los que se enfrenta su comunidad. Y esto es lo que contará a los mandatarios de Naciones Unidas. Que las madereras, ilegales o no, se instalan en sus regiones y explotan sus recursos.

Que los «hermanos Mashco piros, los no contactados» (indígenas sin contacto con otros grupos, que viven aislados y a los que llaman calato porque van desnudos, explica Rosita) bajan a su zona para suministros básicos, y que no tienen recursos: ni postas médicas para medicinas, ni escuela, los niños sufren anemia… Para llegar a Puerto Maldonado han de hacer un viaje en barco por el río de tres días, utilizando para la embarcación un combustible que les cuesta 150 galones (casi 200 euros) y para el que «no nos alcanza». Y también contará que cada día «hay más amenazas», porque por el cambio climático «se están secando los sembrados y muriendo los pescados».

Preservar los territorios

La técnico de Cáritas Laura Ramírez está al tanto de la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de la propuesta para una Directiva de Diligencia Debida, esto es, un acuerdo para obligar a las grandes empresas que operan en la Unión Europea a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente o los derechos humanos, so pena de ser multadas si no cumplen. «Es un gran trabajo que desde Europa se pueda promover esto, porque los clientes finales han de saber cómo les han llegado los recursos, que no sean de territorios explotados».

El problema, señala, es que las empresas europeas subcontratan en el territorio. También hay un abismo entre, por ejemplo, las pequeñas cooperativas como la de cacao que gestiona uno de sus proyectos de Cáritas, a las que se les exige toda la trazabilidad del producto para sacarlo fuera, frente a las maderas o el oro de las grandes empresas, que no están sujetas a esos controles.

Así las cosas, preguntamos a Ramírez por el papel de la Iglesia en la zona. «Ya no solo es la evangelización, sino la inculturación», porque estas comunidades indígenas «respetan mucho la naturaleza, los bosques, los ríos…». El equipo de trabajo itinerante de Cáritas hace una labor fundamentalmente de acompañamiento que llega a donde no lo pueden hacer los sacerdotes, por falta de vocaciones. Se busca facilitar que «conozcan sus derechos, que tengan medios de subsistencia e incluso que puedan vender el excedente». En definitiva, «buscamos dignificar a la persona, capacitándolas y ayudándolas en sus planes de vida».

Junto a Rosita, ha viajado a Ginebra otra mujer líder indígena, Dalva Da Silva, de Brasil. Ambas participarán en el duodécimo Foro de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, del 27 al 29 de noviembre.