El Vaticano actualizará su normativa antiblanqueo ante la IA y «nuevas formas de delincuencia»

15 años después de su primera ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Santa Sede considera necesario revisar de nuevo su sistema de prevención. Así lo ha afirmado este martes Anthony Ekpo, consejero de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, en una conferencia en la Universidad Luiss de Roma. De acuerdo con el también presidente del Comité de Seguridad Financiera de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, «la mejor manera de honrar estos avances no es simplemente celebrarlos, sino someterlos nuevamente a un examen minucioso».

Ekpo ha asegurado que «los próximos 15 años traerán consigo riesgos difíciles de imaginar en 2010». Entre otros, «tecnologías financieras cada vez más complejas, transacciones transfronterizas instantáneas, actividades relacionadas con activos virtuales, inteligencia artificial y nuevas formas de delincuencia financiera». Es un escenario en el que, a su juicio,  «necesitaremos leyes sólidas, pero también y sobre todo instituciones sólidas, cooperación eficaz, criterio profesional, experiencia tecnológica y una cultura de responsabilidad».

Benedicto XVI expuso el Vaticano a evaluaciones externas

El origen del actual marco normativo se remonta al 30 de diciembre de 2010, cuando se promulgó la Ley N.º CXXVII del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ese mismo día, ha recordado el consejero de Secretaría de Estado, Benedicto XVI extendió su aplicación a las instituciones de la Santa Sede y la implicó en un sistema internacional basado en «la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas mutua».

Desde entonces se ha desarrollado una arquitectura jurídica e institucional más amplia mediante «evaluaciones externas periódicas y un diálogo constante». De igual modo, se han producido sucesivas reformas que han reforzado «la prevención, la supervisión, la inteligencia financiera, la coordinación y la cooperación internacional».

Los recursos del Vaticano exigen «integridad y confianza»

Para Ekpo, el objetivo último de estos mecanismos va más allá del cumplimiento normativo: consiste en «proteger a las personas» y «preservar la confianza», garantizando que «los recursos financieros sigan siendo lo que siempre deben ser: medios puestos al servicio de los fines legítimos de las instituciones, las personas y, en última instancia, el bien común».

Esta cuestión adquiere especial relevancia en el Vaticano porque «los recursos confiados a sus instituciones tienen un valor que trasciende lo económico e implican una expectativa de integridad y confianza».

15 años después de aquella primera fiscalización, el marco regulatorio «ha madurado». Según Ekpo, las instituciones «han evolucionado», los mecanismos de supervisión y cooperación «se han vuelto más sofisticados». El reto ahora es que un nuevo Estatuto contribuya «a la transparencia, la integridad, la estabilidad y la seguridad» del sistema económico y financiero de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.