El Supremo confirma la sentencia a 133 años de cárcel para el asesino de Ellacuría
El tribunal ha considerado probado que Montano y el resto del Alto Mando «dieron la orden directa» de asesinar al jesuita español y a cuantos se encontraran con él «a fin de no dejar testigos»
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional, que en septiembre condenó al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano a 133 años de cárcel por el asesinato Ignacio Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles en 1989.
El Supremo ha considerado probado que «fueron asesinatos de carácter terrorista», por lo que ha ratificado la condena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión por cada uno de los delitos impuesta en su momento por la AN, ha informado el Consejo General del Poder Judicial.
Montano también ha sido declarado autor del asesinato de otro jesuita salvadoreño, y de la cocinera de la universidad Centroamericana José Simeón Cañas –donde acaecieron los hechos el 15 de noviembre de 1989– y de la hija de 15 años de esta. Sin embargo, no se le ha podido condenar por estos otros crímenes al no haber sido extraditado desde Estados Unidos por ellos.
Ejecutado por buscar la paz
Según la sentencia, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, del que era miembro Montano, decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría porque fue «la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba, desarrollaba e intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, a través del diálogo y la negociación».
De esta forma, «al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrolla en noviembre de 1989 por el FLMN», Montano y el resto del Alto Mando «dieron la orden directa» de asesinar al sacerdote español y a cuantos se encontraran con él en la residencia de la universidad «a fin de no dejar testigos».
Para la Sala, el relato de hechos probados es sumamente descriptivo de lo que ocurrió y supone «un auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado», asegura en un comunicado el Consejo General del Poder Judicial.