El excoronel Montano: 133 años de cárcel por el asesinato de Ellacuría y otros cuatro jesuitas

La sentencia, que llega 40 años después de los hechos, considera que el crimen fue cometido desde los propios aparatos del Estado

Redacción

La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador Inocencio Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Elllacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Así lo ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial a través de una nota.

En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera a Inocencio Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista –los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo– por cada uno de los cuales le impone una pena de 26 años, ocho meses y un día de prisión.

Los magistrados también lo consideran también autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años.

Los hechos

La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba el condenado, en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello unidad del batallón Alacatl.

Después de la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, les facilitó un fusil AK47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se hubiera producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.

Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK47 empezó a disparar a los tres que estaban en el suelo, Ellacuría, Baró y Montes. Tras ello, según el relato de la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes.

En ese mismo momento, el sargento que se había quedado custodiando a la cocinera de la universidad y a su hija efectuó numerosos disparos mientras ambas se agarraban. A continuación, cuando descubrió que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo que hizo descargando su M16 «hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad».

Inmediatamente después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en una pared: «EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN».

Por estos hechos, se celebró un juicio en El Salvador que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción a la Justicia, al tiempo que remarcó la ausencia de garantías necesarias de independencia e imparcialidad.

La sentencia, ponencia de Fernando Andreu, indica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas.

Responsabilidad del Estado

Aragumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, «lo que comúnmente viene a denominarse como terrorismo desde el Estado» que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso.

La Sala considera acreditado que en los hechos participó un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en el Salvador y compuesto por el propio presidente de la República utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz «con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones.

Después del examen de las pruebas practicadas, el tribunal llega al convencimiento de que los ocho asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocencio Montano en su condición de viceministro de la Seguridad Pública. Él participó en la decisión y transmitió «la orden de realizar las ejecuciones».

Testimonio de Mendoza

La sala considera vital el testimonio del exteniente del ejército René Mendoza, que en calidad de testigo reconoció su participación en los hechos. La sala le da credibilidad y recuerda que desde el principio reconoció esa participación, señalando que fue por orden del coronel director de la Escuela Militar, que acudió aquella noche a la universidad y que la orden era «matar a Ellacuría, sin dejar testigos». Además de la declaración de Mendoza, el tribunal ha tenido en cuenta a la hora de enervar la presunción de inocencia, el testimonio de otros testigos, así como los informes periciales, los informes de la Comisión de la Verdad para el Salvador de la ONU y el emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los jesuitas, satisfechos

La provincia de España de la Compañía de Jesús han valorado de forma positiva la sentencia de la Audiencia Nacional. «Mostramos nuestra satisfacción porque el principio de Justicia Universal, aplicado en España, haya servido para avalar jurídicamente una verdad acreditada a través de numerosos testimonios, pruebas documentales e investigaciones, que apuntaron desde un principio a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y el Estado salvadoreño en el crimen y su encubrimiento», explica el provincial, Antonio España en una nota.

Además, añade que la sentencia no agota las responsabilidades individuales y se muestra confiado en que facilite la labor de la justicia en El Salvador fundamentalmente en el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación del país y la paz para los propios victimarios. «La Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA seguirán trabajando, como han hecho hasta ahora, en favor de un juicio justo en El Salvador».

Finalmente, recuerda que los jesuitas están dispuestos a perdonar a quienes planearon y ejecutaron este «horrendo crimen», pero añaden que antes es necesario «que se reconozcan los hechos, se esclarezca la verdad y se determinen las responsabilidades correspondientes».