El sistema de refugio y asilo no protege a todos por igual

El sistema de refugio y asilo español no ofrece las garantías suficientes para la protección efectiva de todas las personas solicitantes que llegan al país. El colapso del sistema de citas para iniciar el procedimiento de solicitud, esperas indeterminadas para la obtención de resoluciones o la reciente crisis que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas y que provocó el hacinamiento en condiciones deplorables de las personas que piden asilo son solo algunos de los factores que evidencian esta situación.

Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio del Interior, en 2023 más de 163.000 personas solicitaron asilo en España. Es el número más alto de solicitudes desde el año 2010. Sin embargo, el número de resoluciones favorables disminuyó respecto a periodos anteriores. Fueron apenas 11.000, el porcentaje más bajo de toda la Unión Europea, que llega anualmente como media a una tasa del 40 % de aprobaciones. «Este descenso es atribuible principalmente a criterios restrictivos» , explica Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Comunicación de CEAR. «España siempre se ha caracterizado por tener un porcentaje de concesión bajo, por debajo de la media europea, pero llama la atención que este año se produzca un descenso tan notable en comparación con el año anterior». Esto confirma «un escenario en el que la tendencia es conceder cada vez menos protección».

Además del descenso en resoluciones favorables, destaca el aumento de las solicitudes pendientes, con casi 200.000 personas esperando durante meses —e incluso más de un año— una respuesta de la que depende su acceso a los derechos más básicos. «Llamo por teléfono todos los días, todos, escribo correos y nada. Nadie me da una respuesta y mientras el tiempo pasa; tiempo muerto, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Vivo con mucha angustia y preocupación», cuenta Jamal, que espera desde el mes de junio de 2023 para obtener una cita para formalizar su solicitud de protección en la provincia de Alicante. Jamal, de 34 años y originario de Marruecos, llegó a España hace más de un año y medio, huyendo de una situación que le hacía temer por su vida en su país de origen.

En contraste con estas cifras, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifró hace unos días en 200.000 las personas de Ucrania que han recibido protección desde el inicio de la guerra, hace ahora dos años. En el comunicado del Ministerio se reivindicaba «el gran esfuerzo de coordinación» realizado, destacando que España es el quinto país de la Unión Europea por número de concesiones de protección temporal. «Ucrania es y ha sido un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque hemos visto cómo se ha dado una respuesta super ágil y eficaz respecto a las personas que tuvieron que huir del país. Esto muestra que cuando se tiene intención de dar una respuesta garantista y eficaz, es posible a nivel europeo y estatal», recalca Díaz.

Sesgo de nacionalidad

Las solicitudes de asilo y refugio se analizan de manera individual, según lo establecido en la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria en España de 2009, aunque en la práctica los datos muestran un sesgo de nacionalidad en el porcentaje de solicitudes aprobadas y denegadas. Personas con nacionalidad colombiana o senegalesa, por ejemplo, sufren una tasa de denegación del 94 % y de más del 80 % respectivamente, a pesar de las complicadas coyunturas sociopolíticas de ambos países. En la misma línea, Díaz señala que «es preocupante» la imposición de visados de tránsito, que permiten hacer escala en España pero no entrar en el territorio. Se imponen a ciertas nacionalidades, impidiendo el acceso al derecho a protección de manera desigual. Es un «instrumento de externalización de fronteras, para tratar de impedir que personas con cierta nacionalidad puedan acceder a protección». Estos visados han sido una de las medidas adoptadas por el Gobierno para aliviar la crisis en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero pero, según explican desde CEAR y otras organizaciones, no deja de tratarse de medidas coyunturales que ponen en grave riesgo el principio de igualdad que debería regir el sistema de refugio y asilo, ya que se aplica solo a ciertas nacionalidades. Medidas a medio y largo plazo, como por ejemplo permitir la presentación de solicitudes de protección en embajadas y consulados españoles, reconocida por la Ley de Asilo en su artículo 38, podrían aliviar la presión sobre el sistema de citas, ayudando al desbloqueo.

En este contexto, el recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo no representa una mejora. El pacto introduce entre otras medidas la posibilidad de aplicar figuras abstractas que provocan inseguridad jurídica, como la ficción jurídica de «no entrada», la suspensión de las garantías de asilo en situaciones de crisis o la aplicación de criterios discriminatorios por nacionalidad a la hora de derivar a procedimientos fronterizos acelerados, entre otros. «El objetivo es impedir que las personas lleguen a pesar de que tienen necesidad de protección, en España y en toda la Unión Europea; y que si llegan el proceso sea lo más difícil posible», concluye Díaz.