El plan contra el suicidio llega tarde para Kira, pero «es interesante»

José Manuel López describe el 19 de mayo de 2021 como «el peor día de mi vida». Aquella jornada su hija Kira se suicidó con tan solo 15 años. El suceso «fue devastador para toda la familia», confiesa en entrevista con Alfa y Omega; y le obligó a convertirse en «activista a la fuerza contra el bullying, el maltrato infantil y el suicidio». Su hija «llevaba años» recibiendo los desprecios «de algunos de sus compañeros, que se metían con su tono de voz y su acento en inglés».

El activismo no deseado de López comenzó ante la falta de apertura de cualquier investigación para determinar las causas de la muerte de su niña. «El problema es que el suicidio se considera como una muerte natural», un extremo inconcebible para López. «Lo normal —sostiene— debería ser que se abriera un procedimiento de oficio, se realizasen pesquisas para determinar las causas sociales y, a partir de ahí, se intentase poner remedio en la medida de lo posible».

No fue así tras la muerte de Kira. El proceso judicial actualmente en marcha solo se inició después que la fallecida «recibiera un correo electrónico en el que uno de sus acosadores le decía “muérete”», asegura López, que inmediatamente se fue a una comisaría de Policía a poner una denuncia. «No es normal que unos padres a los que se les acaba de suicidar una hija, con todo el dolor que eso genera, se tengan que preocupar por que las autoridades abran una investigación», reflexiona.

En febrero de 2023 el caso contra el colegio por la vía penal fue archivado por la Audiencia de Barcelona. En los testimonios de los compañeros de la chica sobre las posibles burlas que sufría no hay «nada que pueda conformar una conducta sistemática de acoso imputable a una o más personas», afirmaba el auto. «No puede vincularse» lo ocurrido «con el suicidio, al menos desde el punto de vista penal» y «tampoco existen indicios de que sufriera un acoso en el momento del suicidio o inmediatamente anterior al mismo».

Por otro lado, «aún cuando dicho acoso […] se hubieran producido, la competencia para conocer de dichos hechos sería la jurisdicción juvenil dada la edad de sus compañeros de clase». Pero «no habiéndose dirigido el procedimiento contra ellos en ningún momento, dichos hechos estarían prescritos».

Aunque la vía penal se ha cerrado, la familia de Kira presentó una demanda civil por incumplimiento del artículo 1.903 del Código Civil. Según este, «las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado». Esta demanda ha sido admitida a trámite y se espera que el juicio tenga lugar el próximo octubre.

Además de la actuación de oficio por parte de las autoridades, el padre de Kira reclama una ley contra el acoso escolar. En ella se deberían especificar «las actuaciones pertinentes tanto en casos de acoso de profesores hacia alumnos como en casos de bullying entre iguales»; e «incluir la figura de un responsable de bienestar externo que garantice el cumplimiento del protocolo antibullying», detalla en la campaña de change.org que ha iniciado y que ya han firmado más de 250.000 personas.

Plan de acción

La propuesta comparte una gran cantidad de conceptos con el Plan de acción para la prevención del suicidio, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 14 de febrero. «Me parece muy interesante, por ejemplo, la idea de impulsar el modelo de escuelas promotoras de salud que garanticen la salud, el desarrollo integral y el bienestar de los niños». O la iniciativa para instalar «barreras físicas para restringir el acceso a lugares potencialmente susceptibles para ser utilizados para suicidarse», concluye López. Valora muy positivamente el documento, a pesar de que ha llegado tarde en el caso de su hija.

Otras medidas que figuran son el establecimiento de «mecanismos para la identificación de personas que se encuentran en situación de soledad no deseada que acuden al sistema sanitario». Asimismo, se propone «adecuar las urgencias de los hospitales mediante recursos que mejoren la atención de personas con conducta suicida».

El plan aprobado por el consejo interterritorial se trata del primero a nivel nacional que sale adelante en nuestro país. En su elaboración participó un nutrido grupo de entidades, entre las que se incluye la Fundación ANAR, que tuvo que firmar una cláusula de confidencialidad. Esta, sin embargo, no le impide a Benjamín Ballesteros, su director de Programas, calificar el texto como «algo absolutamente necesario». Los datos hablan de que «el suicidio se trata de un problema grave que está afectando a nuestros menores de forma preocupante».

Como ejemplo, Ballesteros cita el Teléfono ANAR de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes (900 20 20 10). «Por primera vez desde que se puso en marcha en 1994, los problemas de salud mental han superado a la violencia» entre los motivos de consulta. «Y la conducta suicida —añade— se ha convertido en el principal motivo de llamada con un 17,5 % del total de peticiones de ayuda». Según la entidad, en la última década se ha multiplicado por 34,8 la conducta suicida —tasa de crecimiento del 3.376 %—. En el caso de las autolesiones, estas se han multiplicado por 45,7 en los últimos diez años, con una tasa de crecimiento del 4.468 %. «Han pasado de 71 casos en 2012 a 3.243 en el año 2022», revela el director de Programas.

—¿A qué causas responde este aumento?

—Lo primero que hay que decir es que el suicidio es un fenómeno multifactorial que nunca se puede atribuir a una sola causa. También es importante señalar que los problemas en este ámbito se pueden superar. Por último, respondiendo a su pregunta, se puede hablar de la incidencia de la tecnología y la transformación de los valores sociales. Hace una década teníamos pilares como la familia o la escuela y ahora los chicos se dejan influenciar por las redes sociales o las series.

Demonizar los psicofármacos

En la misma reunión que se aprobó el Plan de acción para la prevención del suicidio se rechazó el Plan de acción sobre salud mental, criticado por una veintena de las asociaciones presentes en la cita. Una de las más destacadas es la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Su presidenta, Marina Díaz, explica a Alfa y Omega los motivos de su voto en contra: «La elevada demanda en salud mental requiere de un aumento urgente del número de psiquiatras y psicólogos para poder dar una respuesta eficiente». Y con el plan podría darse la situación de que hubiera menos plazas financiadas en este ámbito, advierte. En segundo lugar, critica el estigma sobre los psicofármacos que emanaba el documento. «Nosotros preferimos hablar de uso racional. No entendemos que se estén demonizando cuando son tratamientos eficaces que permiten a las personas tener una calidad de vida adecuada». Por último, señala que el plan «desconoce la situación actual» del sector. «Parece que hablaran de una psiquiatría de hace 30 años».