El país más pequeño del mundo cambia su Constitución

Desde el 4 de febrero, sor Raffaella Petrini es presidenta de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente de la Gobernación del Estado Ciudad del Vaticano. De acuerdo con la Constitución de 2023, no siendo cardenal, no puede ostentar el primero de sus cargos. Aquella norma establecía que la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano solo podía estar compuesta por cardenales, entre ellos, el presidente. En noviembre de 2025, el Papa León XIV, a través de un Motu Proprio, derogó el artículo de dicha Ley Fundamental que lo impedía.

Una Constitución para las nuevas exigencias de gobierno
Pero era necesaria una modificación estable en la propia Constitución con el fin de «tener en cuenta nuevas exigencias de gobierno y algunas importantes modificaciones normativas introducidas en los últimos años». Volviendo al caso Petrini, el artículo 8 de la nueva Ley Fundamental establece que «la Pontificia Comisión está compuesta por cardenales y por otros miembros, entre ellos el presidente, nombrados por el Sumo Pontífice por un período de cinco años».

La nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano mantiene, en esencia, muchas de las reformas que introdujo la de su predecesor, puesto que confirma distintas modificaciones sobre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial del Estado. La norma actualizada se compone de 5 títulos y 25 artículos y, en su preámbulo, reafirma la misión de la Gobernación, «que contribuye a la misión propia del Estado y está al servicio del Sucesor de Pedro, a quien responde directamente».

La Gobernación es el órgano ejecutivo, distinto de la Curia romana, y la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano siendo el órgano legislativo. Con respecto a esta función legislativa que ejerce la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Constitución de León XIV indica que el Papa puede arrogársela a él mismo «o incluso derivarla excepcionalmente en otro organismo». Es decir, ahora puede delegar la función legislativa en un organismo distinto de la Pontificia Comisión y no solo reservársela para él mismo.