El juicio de Becciu, «prueba de fuerza» para el Vaticano, se redefinirá en enero

A mediados de enero de 2022 se sabrá cómo continúa el juicio en el Vaticano por la compra opaca de un inmueble en Londres, en el que está implicado el cardenal Angelo Becciu. El Tribunal «está a la espera de que la fiscalía defina las posiciones de algunos de los acusados, con un sobreseimiento o con una nueva solicitud de juicio». También se resolverán «todas las demás excepciones formuladas por las defensas». Solo entonces se llegará al «corazón de la fase de enjuiciamiento» y al «tratamiento de fondo de todo el proceso». Así explica Andrea Tornielli, director editorial de los medios vaticanos, en un editorial de Vatican News, en qué punto se encuentra el macrojuicio.

Se trata de «una verdadera prueba de fuerza» para la justicia vaticana. «Esto es evidente tanto por el número de personas investigadas y luego imputadas, como por el gran número de testimonios recogidos y el material informático utilizado, por el número y la gravedad de los presuntos delitos y, finalmente, por la complejidad de los distintos hechos entrelazados». Ha sido necesario, por ejemplo, realizar «numerosas comisiones rogatorias» para «reconstruir los flujos de dinero en el extranjero».

Una particularidad que dificulta todo, prosigue Tornielli, es el hecho de trabajar con «un código de procedimiento diferente del vigente en Italia» y aprobado en 1913. Aunque se ha actualizado «en los últimos tiempos», fue «antes de que la investigación tomara sus contornos actuales». Así, «todas las partes» han tenido problemas para aplicarlo a elementos como «las escuchas telefónicas o la incautación y utilización de equipos informáticos».

Limitaciones en la instrucción

El director editorial de los medios vaticanos aclara también que hasta ahora se ha llevado a cabo una fase «fisiológica» del proceso. «Como es normal al comienzo de cualquier juicio, las objeciones preliminares de los defensores se referían a ciertas decisiones y a ciertas conductas adoptadas por la Oficina del Promotor, basadas en diferentes interpretaciones de la ley».

Alude así, implícitamente, a la polémica en torno a la declaración del testigo estrella Alberto Perlasca, exjefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado del Vaticano. Han sido las quejas de los acusados sobre cómo sus cinco testificaciones en vídeo (115 horas) no estaba incluida en el sumario y las transcripciones eran incompletas lo que ha causado varios retrasos en estos meses. Alegaban que se violaba el derecho de sus defendidos a la defensa y pedían la anulación del juicio.

Otras alegaciones de la defensa llevaron al Tribunal a ordenar a la fiscalía rehacer parte del sumario. Por ello, cuatro imputados de los diez iniciales están a aún a la espera de que se presente su acusación formal con los errores corregidos. Solo sigue delante de momento el juicio contra Becciu y otros cinco.

Garantías procesales

El Tribunal «ha demostrado, y así lo ha puesto por escrito de forma clara, su voluntad de garantizar» este derecho y todas las garantías procesales, argumenta Tornielli. Por ello «devolvió los documentos al Promotor de Justicia» (el fiscal) «para poder disponer entonces de los interrogatorios que faltaban». Asimismo se le pidió que «depositara todos los documentos de que disponía, como las grabaciones de audio y vídeo de los interrogatorios de los acusados y los testigos».

La Oficina del Promotor ya ha entregado «todas las grabaciones», continúa el director editorial. Y ha justificado las omisiones porque «se refieren a declaraciones que no son relevantes» y sujetas a «confidencialidad» por ser objeto de otras investigaciones.

En el editorial, Tornielli también subraya que toda la investigación «partió de la investigación interna autorizada hace casi tres años por el Papa Francisco». Este «ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de que las denuncias» hayan surgido del propio «sistema de control del Vaticano».