El informe CIE de los jesuitas denuncia el internamiento de migrantes que están arraigados socialmente

«Nos encontramos en un contexto de criminalización de las personas migrantes», ha asegurado este lunes Luis Arancibia, delegado del sector social de la Compañía de Jesús en España. En este panorama, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado en el Congreso de los Diputados una nueva edición del informe CIE. En esta ocasión lleva por título Raíces tras los muros y denuncia, precisamente, que en 2024 ingresaron en los distintos centros de internamiento de extranjeros personas migrantes con alto arraigo en España, con proyectos familiares y laborales.

El año pasado fueron internadas 1.863 personas, una cifra inferior a la de 2023, cuando entraron en los distintos centros 2.085 personas. De todos ellos, el 59,6 % llevaba de uno a siete años en nuestro país y tenía una edad comprendida entre 25 y 46 años. Mayoritariamente eran de Colombia y Marruecos.

«Hablamos de personas que tienen proyectos personales y familiares y forman parte activa de nuestros barrios y comunidades. Son vecinos y vecinas nuestros», ha especificado Arancibia. A pesar de ello, son obligadas a permanecer en el CIE «sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación». Muchas de ellas, además, acaban en esta situación al ser identificadas al azar en la vía pública.

Se trata de una incorrecta aplicación de la Ley de Extranjería, que establece que «el ingreso en los CIE debe ser un recurso no penitenciario, de carácter excepcional, concebido como medida para facilitar la repatriación», ha explicado Iván Lendrino, coordinador del programa CIE del SJM. Sin embargo, «casos acompañados por el SJM muestran que esta excepcionalidad no se respeta y que, en demasiadas ocasiones, se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo», aseveran desde la entidad.

La mitad, liberados

Otra de las paradojas en torno a estos centros es que casi la mitad de las personas que ingresan en ellos no son finalmente repatriadas. De hecho, son puestas en libertad por mandato del poder judicial, por cuestión administrativa o, simplemente, por haber alcanzado el plazo máximo de internamiento.

En esta situación, se encontró el 44,39 % de los internados. «La consecuencia es una privación de libertad dolorosa e inútil». Son gente como Sami, al que le detuvieron en Galicia en un control rutinario. A pesar de estar «casado y con dos hijas gallegas», nada de esto se tuvo en cuenta y fue internado en un CIE y «posteriormente trasladado al centro de Aluche, en Madrid». Finalmente lo liberaron, pero «nadie le explicó nada, nadie le pidió perdón y, por supuesto, nadie le pagó el billete de vuelta para reencontrarse con su familia», ha contado Lendrino.

Malas condiciones

El informe se detiene también en las condiciones de internamiento: «El acceso a la comunicación es limitado, como evidencian las restricciones al uso de móviles o los obstáculos en las visitas familiares o de ONG». Además, «la atención sanitaria es insuficiente». En este ámbito, la organización cuestiona especialmente el tema de la salud mental, «gravemente deteriorada por la propia reclusión». A pesar de ello, «y de las demandas de los jueces de control, carecen de recursos y especialistas».

Por último, el SJM denuncia los «entornos hostiles, la ausencia de canales de denuncia seguros y procedimientos de repatriación con prácticas que continúan presentando irregularidades».

Propuestas de mejora

Pero el informe no solo se centra en la denuncia. También presenta una serie de recomendaciones, a las que llaman propuestas conclusivas, «con el fin de impulsar políticas que garanticen derechos y eviten el recurso a la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria».

En este sentido, insta al Ministerio del Interior a «revisar la pertinencia y papel de los CIE como herramientas en la política migratoria»; a reflexionar acerca de la próxima apertura del macro CIE de Algeciras, «cuya dimensión en el modelo actual puede llevar a graves situaciones de vulneración de derechos»; y a publicar periódicamente una información transparente acerca de lo que ocurre en el interior de los centros.

Por su parte, a los juzgados de instrucción les pide «profundizar en el principio de excepcionalidad y proporcionalidad» y que valoren «en detalle indicadores de arraigo, vulnerabilidad social y salud». Y a la Dirección General de la Policía le reclama «desarrollar acciones de formación para los agentes y profesionales destinados en los CIE en materia de migraciones y situaciones de vulnerabilidad» y «promover espacios seguros de convivencia y trato digno dentro de los CIE y durante las visitas».

Con todo ello, «no se trata de mejorar la eficacia» de los centros de internamiento de extranjeros. Se busca «cuestionar su legitimidad como herramienta de gestión migratoria».