El Gobierno lo deja claro: la mezquita-catedral de Córdoba es de la Iglesia
El Ejecutivo responde a un diputado de IU-Sumar que «no hay antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad» del templo
En respuesta a un escrito remitido por el diputado Enrique Santiago, del grupo IU-Sumar por Córdoba, el Gobierno de España señaló la semana pasada que «no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble» conocido como la mezquita-catedral de Córdoba, inscrito a nombre del Cabildo Catedral de Córdoba.
Santiago había planteado diversas preguntas al Ejecutivo a raíz del incendio que sufrió el monumento el pasado agosto. Entre otros asuntos, el parlamentario solicitó que se clarificara «qué medidas va a tomar el Gobierno para impedir que un monumento histórico se utilice como almacén de productos de limpieza por parte del Cabildo Catedral». También si el Ejecutivo exigirá que este órgano sufrague la rehabilitación de las zonas afectadas por el fuego.
Según la contestación escrita del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press, tras una denuncia presentada por un particular en 2014 alegando una posible usurpación por parte del Obispado de Córdoba, las diligencias previas practicadas —respaldadas por informes de la Abogacía del Estado— concluyeron que «no habría indicios suficientes para atribuir la propiedad del inmueble a la Administración General del Estado», según responde el Gobierno. No es la primera vez que se manifiesta en este mismo sentido.

En detalle, el Ejecutivo recuerda que el Cabildo Catedral inscribió la mezquita-catedral en el Registro de la Propiedad en 2006 con la denominación de «Santa Iglesia Catedral de Córdoba». Asimismo, destaca que tras sucesivas denuncias presentadas en las fechas 12 de mayo de 2014, 4 de agosto de 2014 y 10 de enero de 2017, los nuevos escritos «no aportaron elementos que motivasen una revisión del criterio inicial».
Sobre las cuestiones relativas a la rehabilitación del monumento, el Gobierno no entra en detalle en su respuesta pública. Se limita a defender la validez de la titularidad actual y «la ausencia de fundamentos legales para su modificación».