El Gobierno defiende la constitucionalidad de las inmatriculaciones de la Iglesia - Alfa y Omega

El Gobierno defiende la constitucionalidad de las inmatriculaciones de la Iglesia

Discrepancias entre los socios del Gobierno a cuenta de las inmatriculaciones: SUMAR organiza en el Congreso una jornada para pedir su reversión, y el Ministerio de Justicia contesta que no le consta «obligación alguna» sobre este asunto

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
El diputado de Sumar Enrique Santiago en el Congreso
El diputado de Sumar Enrique Santiago en el Congreso. Foto: Jaime García.

«No es correcto que las obligaciones del Estado cesen después de la elaboración del listado de los 35.000 bienes expropiados. El Estado tiene muchas más obligaciones y además está incumpliendo sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», aseguró el lunes el diputado de Sumar Enrique Santiago en la jornada Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, informa Europa Press.

El encuentro fue organizado por Sumar —socio del Gobierno del PSOE— con el objetivo de presionar para revertir las inmatriculaciones de bienes inmuebles de la Iglesia. En el acto participaron parlamentarios como Íñigo Errejón o el propio Enrique Santiago, además de representantes de asociaciones que persiguen el mismo fin.

La semana pasada, el Gobierno respondió a una pregunta de Enrique Santiago respecto a este mismo tema en la que el diputado pedía «declarar nulas de pleno derecho estas inmatriculaciones» de la Iglesia. En su contestación, el Ejecutivo respondió que «no existe pendiente obligación alguna al respecto», pues ya remitió «el listado completo de inmatriculaciones cumpliendo la obligación que le impuso el Congreso de los Diputados».

Al mismo tiempo, sobre la apreciación de la formación de izquierda de que las inmatriculaciones vulneran la Carta Magna, el Gobierno respondió que «cabe recordar que la inconstitucionalidad de las normas debe producirse con arreglo a los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico, y ni el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad» con anterioridad. «Y tampoco planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas» relacionadas con este asunto, añadió el Ejecutivo en su respuesta.