Confusión con las inmatriculaciones

Hace un año, a petición del Congreso, el Gobierno hizo públicas las casi 35.000 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, cuando la Ley Hipotecaria permitía que se hicieran mediante certificación eclesiástica. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo reconoció que estas se produjeron «a la luz de la legalidad» y animó, eso sí, a revisar si había algún error. Fue la propia Iglesia, y no el Ejecutivo ni otra institución, la que asumió esta tarea y, durante meses, ha comprobado cada registro.

La inmensa mayoría de las inmatriculaciones de la lista son correctas: es fácil ver que son bienes dedicados de manera especial al culto o a atender a los desfavorecidos. Pero se han detectado en torno a 2.500 incidencias. Hay, entre otros, bienes duplicados, bienes que fueron donados o expropiados, bienes que las diócesis no han podido reconocer… ¡y hasta alguno debajo de un pantano! No es que el Gobierno haya encontrado bienes que no son de la Iglesia y exija su devolución, como publicaron algunos medios, sino que la Iglesia coopera con las autoridades para aclarar la titularidad. Lo hace al servicio de la sociedad. Como al servicio de la sociedad está todo lo que tiene.