El Gobierno de Nicaragua acusa de «terrorismo» a la UCA y ordena incautar sus bienes

El Gobierno de Nicaragua ordenó la incautación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad Centroamericana de Managua, así como de todo el dinero y los productos financieros propiedad de la UCA, como se conoce a este centro estudiantil fundado por los jesuitas hace 63 años.

La medida, comunicada a la universidad el pasado martes 15 de agosto a las 17:29 h., según especificó la UCA en un email enviado a la comunidad universitaria al que ha tenido acceso Alfa y Omega, fue justificada por las autoridades al tratarse, en palabras del Ministerio Fiscal, de un «centro de terrorismo» que transgredió «el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país».

Los jesuitas rechazaron estas «graves acusaciones», que en un comunicado calificaron de «totalmente falsas e infundadas». La confiscación de facto a la UCA, dicen, es el precio a pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, por proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense.

Cabe recordar que la universidad y su entorno fueron uno de los escenarios en el que se concentraron los manifestantes durante las marchas contra el Gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018. En una de aquellas manifestaciones la UCA abrió sus puertas para que miles de estudiantes se refugiaran de la cruenta represión ordenada por el presidente contra ellos.

Desde entonces, el centro «ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses», denuncian los jesuitas en el comunicado. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, por ejemplo, dejó de extender a la universidad certificaciones necesarias para su funcionamiento. El Consejo Nacional de Universidades, por su parte, la excluyó del 6 % de asignación constitucional que recibe anualmente la educación superior del país.

Ante este tipo de actuación, la Compañía de Jesús acusó al Gobierno de desarrollar una política «que está violando sistemáticamente los derechos humanos» y «parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario», y solicitó que «sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial».

Por último, la orden responsabilizó al Ejecutivo de Daniel Ortega de «todos los daños en contra» de la comunidad educativa «que se deriven de semejante acusación»; exigió el cese de la «creciente agresión gubernamental en contra de la universidad y sus integrantes» y pidió que «se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra».