El Defensor del Pueblo constata que se devolvieron sin garantías a casi 500 migrantes tras la tragedia de Melilla

El Defensor del Pueblo acaba de publicar las primeras conclusiones de su investigación sobre lo sucedido en Melilla el 24 de junio, cuando el intento de cruzar a territorio español por parte de cientos de migrantes —muchos de ellos refugiados— acabó en tragedia, con la muerte de 23 de ellos. La principal es la constatación de que se produjo el rechazo en frontera de 470 personas sin que se tuvieran en cuenta garantías legales e internacionales, tal y como estableció el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, la institución insiste en que se registró una situación de «riesgo previsible» en la zona. «Del visionado de las imágenes recibidas se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales», según ser recoge en la nota publicada este viernes. Con todo, el Defensor del Pueblo no da por concluida la investigación y ha pedido más imágenes a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Mientras avanza en el conocimiento exhaustivo de los hechos, la institución mantiene abiertas varias acciones. Así, ha pedido al Ministerio de Exteriores que refuerce embajadas y consulados para que aquellas personas susceptibles de recibir protección internacional puedan acceder a los trámites «sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares». Además, se ha presentado a la Fiscalía General del Estado el testimonio y parte de lesiones de uno de los migrantes que cruzaron y se encuentra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y solicitado información sobre la determinación de edad.

Del mismo modo hace una serie de recomendaciones. En primer lugar, reclama la revisión de los protocolos de actuación con las autoridades policiales de Marruecos, se tenga en cuenta la interpretación del Constitucional sobre los rechazos en frontera y se deje constancia escrita de que se le ha facilitado la información sobre protección internacional.

Finalmente, recuerda a la Secretaría de Estado de Seguridad que tiene el deber de aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza, impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria e identificar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.