El Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la ley de eutanasia

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la ley de eutanasia con las enmiendas introducidas en el Senado por 202 votos a favor –PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV o ERC, entre otros– y 141 en contra (PP, Vox, UPN y Foro Asturias). La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha intervenido tras el debate, ha afirmado que con esta nueva ley se avanza «en el reconocimiento de derechos, hacia una sociedad más humana y más justa». «Hará de España una sociedad más justa y más decente», ha insistido.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el proponente, la diputada María Luisa Carcedo ha defendido que con esta nueva legislación los pacientes «tienen derecho a disponer del final de su vida» y ha agregado que el derecho a la vida va ligado «a la dignidad humana, a la integridad, a la propia imagen y a la libertad individual».

PP, Vox, UPN y Foro Asturias han sido las formaciones que se han posicionado en contra de la proposición socialista, ya convertida en ley. El popular Ignacio Echániz ha criticado la tramitación «exprés» en mitad de una pandemia, y que no haya tenido en cuenta a las organizaciones sociales, éticas, médicas y sociales. «La eutanasia no se solicita desde la autonomía, sino desde la dependencia, la fragilidad, la vulnerabilidad, la depresión, la falta de lucidez y plenas facultades […]. Constituirá un efecto llamada a las personas más vulnerables de la sociedad, que deberían estar protegidas. Empujarlas a la eutanasia es un acto de abandono social», ha añadido.

En este sentido, ha defendido «una alternativa médica, social y humanitaria», que es una ley de cuidados paliativos «para garantizar los derechos y garantías de las personas en el final de la vida». Y ha concluido: «Es una gran temeridad aprobar la eutanasia sin desarrollar los raquíticos cuidados paliativos. Sin cuidados paliativos, el paciente no puede elegir».

Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, ha subrayado que este día «pasará al a historia de la ignominia, de la cultura del descarte y de la muerte». «Hablar de libertad y de compasión es una burla a los españoles. El consentimiento sin aliviar el dolor no tiene justificación», ha añadido.

En este sentido, ha coincidido con Echániz en que las personas más débiles y vulnerables «quedarán desprotegidas» y defendido que «la vida no puede estar a disposición de los poderes públicos». Con todo, ha anunciado que llevarán la ley al Tribunal Constitucional y pedirán su paralización mientras no haya resolución.

Así queda la eutanasia en España

Con la nueva ley de eutanasia se reconoce «el derecho a solicitar la prestación de ayudar para morir», que estará dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, siempre que se cumplan los requisito: tener nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses; disponer por escrito de la información sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales; haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito; sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y prestar consentimiento informado.

Los escritos y el consentimiento no serán necesarios cuando el paciente no esté en el uso de sus facultades y se haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos legalmente reconocidos.

En el proceso, tal y como se detalla en la ley, el médico responsable será el encargado de recibir las dos solicitudes y de mantener un proceso deliberativo con el paciente, antes de trasladar la documentación al médico consultor que valorará si cumple o no los requisitos. Una decisión que se deberá comunicar más tarde a la Comisión de Garantía y Evaluación.

Asimismo, recoge el modo de realización de la «ayuda para morir», que define como «la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente» o la «prescripción o suministro al paciente por parte del profesional de una sustancia».

La ley de eutanasia también prevé la objeción de conciencia por parte de los médicos, pero obliga a la creación por parte de las administraciones sanitarias de un registro de objetores que, desde algunos partidos políticos y organizaciones, se ve como una lista negra.