El conflicto escala cada vez más en Myanmar

«A uno de mis sobrinos lo mató a tiros un soldado sin ningún motivo. Mi hermano mayor ha fallecido estando desplazado». A otro sobrino lo detuvieron por unas fotos críticas con el régimen que encontraron en su móvil. «La familia de un amigo ha tenido que desplazarse más de 20 veces» en dos años, porque los militares atacan los campamentos o aldeas donde se refugian. «Hace dos semanas su cuñada fue asesinada, y su padre y su hermana, heridos por fuego de artillería. Los trataron en una clínica en la selva». Quien narra los dos años desde el golpe de Estado en Myanmar es una voluntaria local implicada en la respuesta humanitaria en el estado de Kayah que desea permanecer en el anonimato. También su familia más cercana tuvo que huir de su hogar cuatro veces.

Hay miles de casos similares. Desde el 1 de febrero de 2021, soldados y policías han matado a 2.894 civiles y activistas fuera de los enfrentamientos. 13.689 personas están detenidas. 2.174 han sido condenadas, 143 a muerte. Cuatro han sido ejecutadas. Si el mundo conoce estos datos es gracias a la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP).

Aunque «ya antes del golpe» denunciaban los abusos de un sistema político en transición de la dictadura a la democracia, tras la toma del poder por parte de la Junta Militar «tuvimos que cambiar rápidamente nuestras actividades» y pasar «a las sombras», relata su secretario general, Bo Kyi. Cerraron su oficina en Rangún, la principal ciudad de la antigua Birmania. Él y parte del equipo trabajan desde Tailandia, pero cuentan con una red de miembros que permanecen en su país, viviendo en la clandestinidad. Documentan los casos de persecución y, en la medida en que «los cortes de electricidad y las restricciones al movimiento» lo permiten, se los hacen llegar. Saben que son «muchos más». También ofrecen, dentro de sus posibilidades, asistencia a los disidentes.

Además de la represión, el golpe de Estado desencadenó una guerra civil entre el Ejército y las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF por sus siglas en inglés), leales al Gobierno de Unidad Nacional en el exilio y aliadas con grupos armados locales que ya existían antes. Solo en el estado de Kayah ha habido 544 enfrentamientos armados, 184 bombardeos del régimen y 27 iglesias destruidas. Un tercio de la población de esta región es católica. «El conflicto está escalando cada vez más, especialmente desde finales de 2022», explica la voluntaria local. «Las PDF y los grupos locales tienen el apoyo de los civiles», pero están en clara inferioridad frente a los cazas y el armamento pesado del Ejército.

Atropellados por la Policía

En dos años, 1,24 millones de desplazados internos se han sumado a los 330.400 que ya existían antes. «No tienen acceso a servicios sanitarios básicos, ni los niños a la educación». Falta trabajo, no pueden atender sus campos, y «todo se ha encarecido». Su entidad, con el apoyo de la Iglesia y de socios locales, tiene como prioridad la educación. Ha pasado de atender a 3.000 alumnos a 20.000. Pero también se han visto obligados a priorizar la atención básica de emergencia, gracias a la cual 85 familias han creado pequeñas granjas para mantenerse.

Lejos de las zonas rurales, en Rangún también «hay detenciones y asesinatos cada día, pero la gente vive con más normalidad», explica una religiosa. Toda la normalidad que permiten la creciente pobreza, los cortes de electricidad y el hecho de que tampoco ella pueda desvelar su identidad. Hay toque de queda por la noche, pero en realidad la gente se mete en casa mucho antes porque «nadie se siente seguro en la calle». Algunos valientes siguen protestando, «pero es muy peligroso», porque, además de detenerlos, «la Policía y los militares los atropellan con sus coches». Los ciudadanos optan por otras formas de mostrar su rechazo, como «no enviar a los niños a las escuelas estatales», controladas por la Junta. Quien puede los lleva a centros privados. Quien no, a clases a distancia con profesores del Movimiento de Desobediencia Civil.

Las religiosas canalizan ayuda que con mucha dificultad les llega de fuera para enviar ropa y medicinas a los desplazados, y acogen y educan a muchachas. Solo se atrevieron a reabrir su guardería hace cinco meses. Pero el servicio que no dejaron de prestar nunca es la oración, «para que prevalezcan la justicia, la paz y el poder de la gente».

Dos años de represión

• 267 menores muertos en la represión y 338 detenidos, 61 para presionar a sus padres, según la AAPP.
• 81 presos políticos han muerto en la cárcel como consecuencia del empleo generalizado de la tortura.
• Nuevas leyes castigan «causar miedo» y las «noticias falsas», consideran terroristas a los disidentes y permiten registrar las casas sin permiso.
• En su informe Rendición de cuentas para los criminales de la Junta, la AAPP asegura que el régimen ha cometido «crímenes de guerra».
• 783 viviendas o negocios pertenecientes a 617 activistas han sido requisados por las autoridades.
• «El golpe ha dañado cada sector de la sociedad y nos ha hecho retroceder décadas. Me preocupa la generación joven», confiesa Bo Kyi, de la AAPP.
• En general, «nadie quiere que se negocie». «No se fían» de la Junta Militar y «tienen la esperanza de ganar», afirma una voluntaria desde Kayah.