El cardenal Becciu será juzgado por malversación, abuso de oficio y soborno

El presidente del Tribunal Vaticano ha ordenado la citación a juicio de los acusados en el caso relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres; una de las operaciones incluidas en las investigaciones fue la compraventa de un inmueble con fondos reservados de la Secretaría del Estado. El juicio comenzará el próximo 27 de julio.

Así lo ha asegurado la Santa Sede en un comunicado, en el que enumera el personal eclesiástico y laico de la Secretaría de Estado y altos cargos de la entonces Autoridad de Información Financiera, así como a personal externo activo en el mundo de las finanzas internacionales, que irán a juicio.

Entre ellos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, contra el que se procede, detalla el comunicado, «por los delitos de malversación y abuso de oficio, también en complicidad, así como de soborno». El año pasado, Becciu se defendió de las acusaciones asegurando que el dinero «era para Cáritas».

Junto a Becciu se sentarán también en el banquillo el empresario Raffaele Mincione, acusado de malversación, estafa, abuso de oficio, apropiación indebida y autoblanqueo; el agente inmobiliario Gianluigi Torzi, acusado de extorsión, malversación, estafa, desvío de fondos, blanqueo de dinero y autoblanqueo; y Cecilia Marogna, la mujer que, según las acusaciones del Vaticano, recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado para llevar a cabo acciones de inteligencia. Se le imputa un delito de malversación de fondos.

También se procesa a monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones; y a los dos ex responsables de la AIF, el organismo de control financiero del Vaticano: René Brülhart, expresidente, y Tommaso Di Ruzza, antiguo director.

Utilización de los recursos para caridad

El proceso sobre las irregularidades financieras de la Secretaría de Estado que ahora se juzgarán se iniciaron en julio de 2019 tras una denuncia del Instituto para las Obras de Religión y de la Oficina del Revisor General. Se actuó siempre «en plena sinergia» con la Policía Judicial de la Gendarmería, entre otros, y con las fiscalías de Roma, Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari.

Las investigaciones, recoge el comunicado, fueron llevadas a cabo también con comisiones rogatorias en varios otros países extranjeros (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia, Suiza). Gracias a ellas se ha destapado «una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado cuantiosas pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo recurrido también a los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre» (el conocido Óbolo de San Pedro).

La iniciativa judicial, explica la Santa Sede, está directamente vinculada a las indicaciones y reformas del Papa Francisco en la labor de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas; labor que, según la acusación, «ha sido contrarrestada por actividades especulativas ilícitas y perjudiciales a nivel reputacional en los términos indicados en la solicitud de citación a juicio».