El Arzobispado de Granada será responsable civil por presuntos abusos

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El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, ha declarado –en un auto fechado ayer– la responsabilidad civil del Arzobispado de Granada ante una posible sentencia condenatoria en el caso Romanones, donde se investigan los presuntos abusos sexuales de un sacerdote y otras once personas, nueve curas y dos laicos

La investigación arrancó en octubre de 2014 a raíz de la carta que un joven granadino envió al Papa Francisco, en la que relataba los presuntos abusos de los que fue víctima cuando era menor de edad por parte de este grupo. El juez entiende que, especialmente el líder, se valió de su «gran ascendencia» sobre el joven, «monaguillo en la iglesia que regía», para invitarle a «dormir en su casa y a participar en actos comunales, prevaliéndose de su condición de sacerdote y párroco».

El magistrado implica en la responsabilidad de los presuntos abusos al Arzobispado: «Y aún cuando es cierto que la mayoría de actos libidinosos se realizaron en casa de los sacerdotes, (…) no lo es menos que precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial, actuando con prevalimiento y actuación coordinada del grupo de sacerdotes y laicos adultos sobre menores especialmente vulnerables. (…) Se cumplen todos los presupuestos (…) para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado, que a través de su máximo representante, monseñor Francisco Javier Martínez, habría incumplido con los actos de vigilancia».

Sentencia del Supremo

Para llegar a este razonamiento, el magistrado apoya su auto en una sentencia del Tribunal Supremo que sentó jurisprudencia y en una carta del Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales sobre la «pontificia comisión para la tutela de menores».

La epístola está fechada el 2 de febrero de 2015, donde el Sumo Pontífice recuerda otros pronunciamientos anteriores y advierte que corresponde al «obispo diocesano y a los Superiores mayores la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores y los adultos vulnerables».

Q. Ch. Granada/ABC