Bajo pretexto de unos supuestos privilegios históricos, se quiere a veces expulsar a la Iglesia del espacio público

¿Cómo hay que tomarse los anuncios del Gobierno que ponen en el punto de mira a la Iglesia católica? ¿De verdad quiere Pedro Sánchez expropiar las catedrales de Córdoba o Zaragoza, o se trata de gestos de cara a un sector del electorado ahora que se abre una época llena de citas electorales? La Conferencia Episcopal asegura estar tranquila frente a esta amenaza de «desamortización encubierta» y muestra «confianza infinita» en el Estado de Derecho, pero no deja de lamentar los intentos de «despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo» que debería a estas alturas estar más que superado.

Esa misma política de gestos y globos sonda enturbia el debate educativo. La escuela concertada, las familias y otros agentes católicos en la enseñanza mantienen su voto de confianza a la ministra Isabel Celáa, conscientes de que tienen en ella a una de las mejores interlocutoras posibles en el Partido Socialista. No deja, sin embargo, de alarmar la inmadurez con la que buena parte de la izquierda afronta este tema. Las arremetidas contra la concertada y la asignatura de Religión son un síntoma de una cerrazón ideológica en buena medida responsable de que, tras 40 años de democracia, la escuela siga siendo un campo de batalla en la lucha partidista. Queda, por tanto, margen para el diálogo, pero la escuela católica y las familias advierten de que, si es necesario, saldrán a la calle a defender el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Llegado el caso, el PSOE haría mal en subestimar el descontento. Cualquier Gobierno serio debería saber que una ley de enseñanza que aspire a perdurar necesita un consenso político amplio y la participación de los principales agentes educativos.

La Iglesia es consciente de que vive en una sociedad plural y democrática, donde tiene que acatar las leyes y presentar su propuesta de forma respetuosa. Su contribución al bien común está hoy en España fuera de discusión, ya sea en el campo educativo o en el uso que da a su patrimonio histórico y cultural. Por eso es tan sorprendente que, bajo pretexto de supuestos privilegios, se la quiera a veces expulsar del espacio público. Además de infantilismo, esta actitud denota un escaso aprecio al Estado de Derecho.

Alfa y Omega