Una de cada cuatro familias pobres no puede comer bien

La pandemia ha intensificado las situaciones de vulnerabilidad que vivían muchas familias en España y afecta «seriamente» al acceso a derechos básicos como es el de la alimentación, señala Cáritas en un comunicado que ha hecho público este viernes con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

La institución de acción social de la Iglesia constata que, desde la irrupción de la emergencia sanitaria el pasado mes de marzo, ha experimentado un incremento del 77 % en el número de demandas de emergencia y de un 57 % en el de personas atendidas.

«A pesar de la gravedad de la situación actual, y de que aún no podemos medir con precisión su alcance, parece evidente que llueve sobre mojado y que el contexto coyuntural de pandemia viene a intensificar las realidades de exclusión», afirma el comunicado, lo que incide concretamente en las dificultades de acceso al derecho a la alimentación. Y pone como ejemplo la realidad de los trabajadores pobres, un fenómeno que antes de la pandemia afectaba ya al 13,2 % de la población con empleo.

Todo ello «pone en evidencia que estas situaciones no son fruto de la coyuntura actual», denuncia Cáritas. Por eso mismo, la dificultad de acceder al derecho a la alimentación «tiene también un origen estructural, como son el desempleo y la precarización laboral, o los precios abusivos en alquileres y compra de viviendas».

Así, el 33,6 % de las familias en situación de exclusión tiene gastos excesivos en la vivienda, lo que significa que, una vez descontados los gastos fijos en este campo, estas familias quedan por debajo del umbral de pobreza «y con un acceso a la alimentación muy precario».

Graves repercusiones sociales

No tener asegurado el derecho a la alimentación tiene repercusiones importantes para toda la población: el 17,9 % de las familias han reducido los gastos en alimentación, el 7,7 % no llevan una dieta adecuada y el 36 % han reducido su gasto en vestido y calzado, todo ello derivado de problemas económicos, señala la organización.

Esta situación afecta más a la población más vulnerable. Así, por ejemplo y debido a problemas económicos, el 45,1 % de las familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir los gastos en alimentación y el 63,6 % han reducido su gasto en vestido y calzado.

De este modo, esta realidad conlleva «un cambio de hábitos alimenticios, en el que no quedan garantizados los estándares nutricionales ni en cantidad ni en calidad», como sucede, por ejemplo, con el consumo de productos frescos: verduras, frutas, carnes y pescado. Así, el 27, 1 % de familias en situación de exclusión no lleva una dieta adecuada por problemas económicos.

«Esto tiene repercusiones inmediatas en los grupos de población más frágil, como es el caso de bebés, niñas, niños y adolescentes, y de madres embarazadas y lactantes», dice Cáritas. «Si una alimentación saludable es necesaria para toda la población, en estas etapas un déficit alimenticio puede condicionar el crecimiento, no solo físico también cognitivo y psicológico», señala.

Por este motivo, el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación «no se puede solventar con ayudas descoordinadas, puntuales, puramente asistenciales o de emergencia». Son necesarias, por el contrario, «medidas políticas estructurales, planificadas y con dotación económica adecuada que permitan una nueva comprensión del problema».