Desde la CEE aplauden el plan de Santa Marta para poner fin a los combustibles fósiles

«Es el inicio de una nueva democracia climática global». Con esta promesa se cerró el miércoles 29 de abril la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta. La pronunció, en nombre del país anfitrión, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez. 

La cita, en la que participaron 56 países, además de comunidades indígenas, tradicionales, organizaciones sociales y expertos, reclamó una transición energética «obligatoria, eficiente y fácilmente monitoreable». Y logró elaborar un plan inicial para acelerar el abandono de los combustibles fósiles. 

«El evento ha resonado profundamente con el llamado urgente que la Iglesia católica ha formulado en sus documentos magisteriales: el fin de la era de los combustibles fósiles es un imperativo moral». Lo asegura Eduardo Agosta, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española.

«Aunque esta conferencia no tuvo carácter vinculante como una COP, su impacto es político y estratégico», en la línea de un «multilateralismo desde abajo», prosigue Agosta. «Los resultados servirán de base para fortalecer la posición del bloque ambicioso en las futuras negociaciones de la ONU». 

Facilitará también «impulsar leyes nacionales de transición» en los países convencidos y «presionar para que los sistemas financieros globales dejen de subsidiar la destrucción del clima». Este esfuerzo refleja el llamado de Laudato si, que insiste en que «la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes […] debe ser reemplazada sin demora».

¿Qué se acordó en Santa Marta?

Para lograr este objetivo, se acordó crear un panel internacional para apoyar la transición energética en los próximos cinco años y se establecieron grupos de trabajo temáticos para elaborar hojas de ruta específicas. 

Así, se empezará a trabajar, de momento a nivel nacional, es «la necesidad de establecer una moratoria global en la exploración de nuevos yacimientos» petrolíferos. Esta idea está íntimamente unida a lo que propone una iniciativa similar, la campaña para aprobar un Tratado de Combustibles Fósiles. 

Se basa en el consenso científico de que para cumplir con el límite de 1,5ºC de aumento de la temperatura global respecto a la era preindustrial no se pueden iniciar nuevos proyectos de extracción. 

Los participantes decidieron además que se realizará un mapeo global sobre los subsidios e incentivos a los combustibles fósiles. El objetivo es identificar cuánto peso tienen en las economías nacionales estas medidas, que lastran la transición energética, y diseñar estrategias para eliminarlos. 

«Uno de los resultados más potentes fue el enfoque de la justicia económica», resalta además el director del departamento de Ecología Integral de la CEE. Tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como otros representantes del sur «subrayaron que no se puede exigir a los países en desarrollo que abandonen sus ingresos provenientes de combustibles fósiles si están asfixiados por la deuda externa».

Es decir, «no se puede hablar de transición si esta genera más pobreza», advierte Agosta. Por ello, reclamaron que una transición justa tiene que ir acompañada de mecanismos para aliviar la deuda. Se propuso también un Fondo Global de Transición Justa que ayude a estos países a diversificar sus economías.

Así actúan las petroleras

También se puso el foco en las formas que tienen las petroleras para presionar a los Estados para no implementar legislaciones climáticas ambiciosas. Se trata, explica Agosta, de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS), que permiten a estas grandes empresas demandar a los Gobiernos si aprueban medidas que los perjudican. 

Ya Laudato si habló de las limitaciones del «paradigma tecnocrático», según el cual el mercado no necesita límites éticos porque se autorregula. «En Santa Marta se avanzó en la idea de anular estas protecciones legales que blindan los activos fósiles frente al interés común. Es un paso hacia la recuperación del control político sobre la economía en favor de la vida», explica Agosta. 

Por otro lado, este experto apunta que gracias a la presencia «no meramente ornamental» de pueblos indígenas y comunidades locales la hoja de ruta exige que la nueva matriz energética sea descentralizada, democrática y respetuosa con la biodiversidad. Esto no ocurre con la actual, donde se están repitiendo patrones de explotación en la extracción de minerales, lo que ha llevado a hablar de «colonialismo verde». 

El mismo León XIV durante su viaje a África denunció este fenómeno. «Es un cambio de cosmovisión», puesto que en esta cuestión «las comunidades indígenas no son una minoría más, sino los principales interlocutores».

¿Por qué ha sido más eficaz que una COP?

Una de las fortalezas del encuentro fue que «no se buscaba un consenso unánime de casi 200 países», como en el caso de las cumbres del clima. En vez de esta estrategia, que paraliza los avances, la Conferencia de Santa Marta «se diseñó como un espacio para los países que ya están listos para acelerar el ritmo». 

Se buscaba crear «un bloque de más de 50 naciones decididas a implementar políticas de salida real del modelo extractivista». Es decir, la pregunta ya no era «si debemos dejar los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás». 

Este encuentro «nos ha demostrado que hay vida —y esperanza— más allá del petróleo. El camino hacia un futuro descarbonizado es complejo y lleno de retos económicos, pero por primera vez contamos con una coalición decidida a recorrerlo con una brújula clara: la justicia». La Conferencia de Santa Marta tendrá una segunda edición en Tuvalu, un pequeño país insular del Pacífico. Será en 2027.