Del sabio, a veces, mal consejo

El aborto constituye un tema especialmente complejo. No desde un plano moral, ya que es difícil sostener que sea plausible acabar con una vida humana, pese a que esta se aloje en el claustro de una mujer. La complejidad se plantea cuando de regular jurídicamente el acto se trata. Porque el debate jurídico sobre el aborto suele plantearse de manera dilemática, como si la respuesta legal solamente admitiera dos extremos: bien prohibir penalmente el aborto, con la criminalización tanto de la conducta del profesional que lo lleva a cabo como de la mujer embarazada, o bien proclamar un derecho constitucional a exigirlo.

Ambas soluciones son profundamente insatisfactorias, porque ninguna de ellas ni atiende a la debida protección de todos los bienes jurídicos en cuestión, optando exclusivamente por uno de ellos —la vida del feto o la libertad o integridad de la mujer—, ni reduce el mal que es, a veces, difícilmente evitable.

No podemos abocar al que va a nacer a una fragilidad tal que su desarrollo como proyecto único de vida dependa de un tercero, aun cuando este sea su madre. Pero tampoco podemos abocar a la embarazada a situaciones de exclusión o temor. Ni puede proclamarse un derecho a acabar con la vida de un ser humano, al margen de meras situaciones de estado de necesidad, ni puede incurrirse en una suerte de soteriología jurídica, pensando ingenuamente que con la criminalización se acaba con el fenómeno. Ambas propuestas han fracaso, mostrando año a año una realidad numérica inaceptable.

Así pues, ofrecer soluciones jurídicas para abordar el aborto no es tarea fácil. Quizás la fórmula poco ensayada, por ahora, de promover el asesoramiento y acompañamiento de la mujer para apoyarla en situaciones tan difíciles excluyendo la sanción penal sería la clave de bóveda para acabar o al menos reducir el número de abortos. Acompañar sin reprochar. Acompañar en promoción de la responsabilidad moral. Algo dentro de la conciencia de cualquier ciudadano debería removerse cuando se conoce que cada año en España se producen, solo oficialmente, más de 100.000 abortos y algunos de ellos, al parecer, no primerizos; número aquel que sube año a año con la excepción del año de la pandemia.

En todo caso, lo que no es tan difícil es afirmar que la reciente propuesta del Gobierno de incorporar el derecho al aborto a nuestra Constitución, respaldada casi completamente ahora por el Consejo de Estado, nos aboca a un mal final: el de acabar de consolidar una cultura de la irresponsabilidad o, peor aún, de la plausibilidad social de un hecho tan triste. Y ello sin entrar a valorar la pura alquimia constitucional que supone regular un presunto derecho fundamental dentro de un derecho social, con el único rédito político de evitar el adelanto electoral, ya que la reforma constitucional de un derecho fundamental conlleva la disolución inmediata de las Cortes.

No se trata, como hemos anticipado antes, de reprochar ni, menos aún, criminalizar a la mujer; pero sí, al menos, de que no se pierda la conciencia de que ello no es moralmente correcto, aunque criminalmente no tenga consecuencias. El valor pedagógico de la exclusión de la pena para evitar el miedo se diluye en una banalización de la vida humana, porque esta, por obra del derecho proclamado, se convierte en un mero objeto a disposición de la voluntad de un tercero.

En definitiva, es una pena comprobar, una vez más, que los sabios de nuestras democracias no saben ya dar buenos consejos. Aquellos contrapesos del poder elegido, reequilibrios racionales de una mayoría que por criterios puramente cuantitativos no puede arrogarse la moral, porque esta no es solo sumar, sino razonar detenidamente sobre los imperativos morales categóricos, se convierten día a día en meros sobrepesos. Ni la iniciativa del Gobierno ni el consejo del Consejo de Estado parecen promover la responsabilidad; y esta es, precisamente, la característica de la que carece nuestra sociedad de hoy.

Acabamos la reflexión mencionando a una jurista de reconocida competencia, no contraria precisamente al aborto y de gran culto entre el feminismo, como fue la magistrada de la Corte Suprema norteamericana Ruth Bader Ginsburg. Esta manifestó, en relación con el caso Roe —por el que se proclamó judicialmente el derecho al aborto en aquel país—, que con esta sentencia se había ido «demasiado lejos y demasiado rápido». Ahora, en suelo patrio, el Gobierno y su consejo de sabios parece que también pretenden ir demasiado rápido y demasiado lejos. Pero ya sabemos cómo acaba esta historia, polarizando a la sociedad y enraizando la solución contraria, que tampoco lo es. Ojalá hubiera, una vez más, sabios en Berlín.