Cultura de paz ante la polarización

Afirmar que la cultura de paz es hoy tan necesaria como en otras épocas es casi una obviedad. Los datos así lo corroboran. Son decenas de conflictos armados, unos más olvidados que otros, los que se dirimen por todo el globo. Pero de lo que trata la cultura de paz no solo es de la guerra como tal, que también, sino de la polarización —política y otras—, el acoso escolar, la violencia de género, los abusos, la discriminación, las violaciones de derechos humanos o no tener recursos para vivir o carecer de una vivienda digna. En esta tarea lleva décadas la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), vinculada al Centro Pignatelli de la Compañía de Jesús en Zaragoza. El Gobierno aragonés colabora con ella desde 1984 en esta tarea, a la que se sumaron las Cortes autonómicas en 2002. Este vínculo ha permitido que el pasado mes de marzo se aprobara por amplio consenso la Ley de Cultura de la Paz en Aragón. La apoyaron todos los grupos políticos a excepción de Vox. El borrador fue presentado por la fundación y enriquecido con pequeños retoques durante la tramitación.

El objetivo, como recoge el Artículo 1, es la promoción de la cultura de la paz entre la sociedad aragonesa, que incluye la educación e investigación, la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, la promoción del diálogo, la acción no violenta y la mediación, el diálogo interreligioso e intercultural, la capacitación de los ciudadanos para la diplomacia o la resolución pacífica de problemas. «Cometemos un error al pensar que la paz es la ausencia de conflicto, porque este es inevitable, consustancial a la vida humana. Lo que no es deseable es que resolvamos los conflictos con violencia», explica en conversación con Alfa y Omega María Jesús Luna, directora de la Fundación SIP.

También explica que lo que están haciendo con la nueva norma no es más que desarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón, donde aparece un mandato sobre esta cuestión, y seguir la estela de la ley nacional, aprobada en 2005. Que esta propuesta salga de esta tierra no es baladí. La tradición lo avala. Son buen ejemplo de ello las asambleas de paz y tregua entre 1137 y 1150, el Justicia de Aragón —una especie de defensor del pueblo que se remonta al siglo XII— o el Compromiso de Caspe. La comunidad fue reconocida con el título de Mensajera de la paz por la Naciones Unidas y Zaragoza designada Sitio emblemático de la cultura de paz por la UNESCO.

Pero para quien le pueda parecer etérea o inalcanzable la propuesta, la norma incluye medidas concretas que tendrán que ser desarrolladas por el Gobierno autonómico: el fomento del diálogo interreligioso, intercultural e intergeneracional; la incorporación de contenido curriculares relacionados con la cultura de paz en el sistema educativo; la formación sobre gestión no violenta de los conflictos; la mediación como vía de resolución de desencuentros a todos los niveles —y no solo normativos—; la protección de víctimas de violencia y del terrorismo y la promoción de políticas de acogida, convivencia e integración de personas refugiadas. «Debemos desmontar la idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Los seres humanos estamos programados para cooperar y ayudarnos; tenemos competencias y capacidades para resolver los conflictos y las hemos usado a lo largo de la historia», añade Luna.

Según José Antonio Lagüens, diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, esta iniciativa no «va de ideologías», sino que tiene que ver «con una sensibilidad inherente a la condición humana». Cree que no va a tener impacto en las elecciones del próximo 28 de mayo, pero considera que sí se ha abierto un debate sobre la integración de las migraciones, la cultura y las costumbres. «Con una cultura de paz se ve de otra manera», añade. También expone el deseo de que promueva la colaboración entre instituciones, aumente la cooperación al desarrollo y tenga impacto en la educación.

La aprobación de esta ley, junto con las numerosas guerras y la cercanía de los comicios autonómicos y municipales, han llevado a los obispos de Aragón a publicar el pasado domingo una carta sobre el tema en la que lanzan una advertencia: «La polarización amenaza la cultura de reconciliación a la que habíamos llegado con no poco esfuerzo». Esto se manifiesta, por ejemplo, en «la tentación de etiquetar a las personas en bandos antagónicos», haciendo «imposible alcanzar el consenso que reclaman los temas más decisivos y sensibles para la vida social».

«Cuando llegan las elecciones, las personas y las instituciones tenemos tendencia a crisparnos. En los pueblos se producen enfrentamientos por las siglas y nos somos capaces de garantizar la convivencia pacífica más allá de las diferencias legítimas», explica a este semanario uno de los firmantes de la misiva, el obispo de Teruel, José Antonio Satué. En su opinión, de poco sirve lamentarse por guerras como la de Ucrania si en el lugar de trabajo, en las relaciones en el barrio o en el pueblo «no buscamos soluciones pacíficas a los conflictos». La Iglesia, continúa, también tiene tarea en este campo. «Debe alentar a la sociedad a actuar según esta cultura. Además, es una llamada para que las diferencias que existen en su seno las podamos vivir con calma, sabiendo que es más lo que nos une. Puede ser que los católicos nos sintamos atacados y, frente a los ataques, que existen, respondamos con violencia. Es importante que ante esas realidades que nos incomodan contestemos con el Evangelio», añade Satué.

Con todo, María Jesús Luna es optimista. Pone los ejemplos del acoso escolar o la violencia de género y cómo, aunque todavía queda camino que recorrer, se ha avanzado. «Hay una mayor sensibilidad, más denuncia y más rechazo. Hay menos violencia y más convivencia. Se hacen muchas cosas, pero no se ven. La paz no es noticia», concluye.