Compromiso y consenso social

Denunciamos la adopción de decisiones políticas, legislativas y económicas que están generando el sufrimiento de las personas afectadas. Algunos ejemplos son la vivienda, que se sostiene como un bien de inversión antes que como un derecho; la salud, transformada en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en situación irregular; el acceso a la justicia, imponiendo tasas judiciales; o el trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí perjudican el empleo. Las reformas legislativas pendientes de aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo es la anunciada reforma de la Administración local, que, bajo los criterios de racionalización y sostenibilidad, supondrá alejar de las personas servicios como la salud, la educación o los servicios sociales.

Otros ejemplos son las reformas relacionadas con el sistema de justicia, en especial, las que afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal, que, de mantener su redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como la sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular, y la de la justicia gratuita, que supondría dejar fuera del sistema de protección a una parte importante de la población.

Junto a ello, la prioridad económica de los Presupuestos Generales del Estado añade un motivo más de preocupación, al consagrar la reducción del gasto para garantizar el principio de estabilidad, pero sin que se aborden con igual intensidad la aplicación de unas adecuadas políticas fiscales redistributivas, la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para transacciones financieras. De igual forma, mostramos nuestra preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal al Desarrollo.

Desde esta convicción, trasladamos un mensaje de esperanza y una propuesta de compromiso, trabajo y consenso social para construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno acceso a los derechos de los más vulnerables, que sitúe a las personas empobrecidas en el centro de la toma de decisiones y que asuma como principios éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por encima del beneficio económico y el provecho de unos pocos.

Cáritas Española
del Mensaje final: LXX Asamblea