Los médicos de Castilla-La Mancha no quieren practicar abortos

Ya en enero de este año, en vísperas de la aprobación de la reforma de la ley del aborto, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, reconocía en la asamblea autonómica las dificultades para acceder al aborto en la sanidad pública. «Nos gustaría poder prestar este servicio de calidad y con seguridad en los hospitales públicos de la región, pero no podemos porque tenemos que respetar ese otro derecho que es la objeción de conciencia», declaraba.

Esta misma semana, la hoy portavoz del Gobierno socialista de Emiliano García-Paje, reconocía la falta de médicos que garantizaran este servicio: «Si no hay profesionales suficientes, nos encontramos con las manos atadas», decía a los medios de comunicación el miércoles.

«Nos resulta complicado cubrir las plazas», dijo Fernández, quien también destacó que actualmente «no hay médicos que no lo hacen en la pública y sí lo hagan en la privada» en la región.

Todo ello es para José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), «una buena noticia», ya que «muestra una unidad en el seno de la profesión médica a la hora de entender el derecho a la vida que garantiza su profesión».

Según Díez, la falta de médicos que se presten a practicar abortos en la sanidad pública en Castilla-La Mancha refleja que «el aborto es una práctica rechazable por los médicos», y deja claro que los profesionales en nuestro país «quieren seguir su código deontológico y no quieren hacer abortos».

Díez desvela también la estrategia de varias comunidades autónomas, que «quieren crear unidades de aborto en la sanidad pública contratando médicos de fuera de los hospitales, ya que los profesionales que tienen en plantilla en los servicios de ginecología no quieren hacer esta labor».

«No es un acto médico»

Para Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, este rechazo generalizado de los médicos hacia esta práctica «no es algo exclusivo de Castilla-La Mancha», sino que es algo compartido por profesionales «de toda España».

En este sentido, «resulta lógico que un médico, o cualquier persona que sea necesaria para la práctica del aborto, se niegue a realizar esta intervención violenta, que quita la vida a uno de los pacientes —es decir, lo mata— y puede ocasionar graves daños físicos y psicológicos en la otra paciente, la madre».

Así, realizar abortos «no es algo que ilustre precisamente un currículum o que aporte algo positivo a un buen profesional», afirma Latorre, porque «no es un acto médico, ni cura ni cuida, ni mejora la salud, sino todo lo contrario».

Para la presidenta de Provida, «los hospitales deben ser sitios seguros para toda vida humana que ingrese en ellos. Negarse al aborto, no solo por cuestión de conciencia y ética profesional, sino también por motivos de ciencia y buena praxis, honra a los médicos y los posiciona ante una injerencia e imposición política e ideológica».