Cáritas protesta contra el fin de la moratoria a los desahucios: «Aún hay emergencia»
La medida que suspende las ejecuciones hipotecarias a raíz de la pandemia de la COVID-19 acabará a finales de año
«Cuando hablamos de vivienda, no solo hablamos de ladrillo», reivindica Sonia Olea, experta en vivienda y técnico en el área de incidencia política de Cáritas Española. Poco más de un año después de la aprobación de la Ley de Vivienda que entró en vigor el 26 de mayo de 2023, y en medio de los debates sobre la regulación de los alquileres turísticos, recuerda que sigue siendo necesario abordar «la Ley de Seguridad Ciudadana y las ordenanzas municipales que criminalizan la pobreza y la exclusión en el espacio público».
Al mismo tiempo, y aunque considera positiva la búsqueda de fórmulas para abaratar el acceso a la vivienda convencional, Olea recalca que la prioridad para su entidad es «plantear la vivienda como un derecho humano». También para quienes no se podrían permitir los precios de mercado aunque bajaran.
Para lograrlo, señala dos principios rectores. El primero, que se explica por sí solo, la «no discriminaciób». El segundo, la «no reversibilidad». «No puedes invertir menos en vivienda pública cada año a no ser que acredites una gran crisis económica, una guerra o un desastre natural», explica.
Sonia Olea cuenta que a día de hoy «se siguen prolongando las medidas urgentes de la pandemia, como la suspensión de los desahucios». «Tenemos en Cáritas a muchísimas familias con los desahucios suspendidos», añade, pero esta demora «acabará a finales de año». Algo que «nos hace protestar porque creemos que aún hay una situación de emergencia a la que todos estamos llamados a dar respuesta».
La experta de Cáritas aclara que, al contrario de lo que marca la creencia popular, «en España se han invertido miles de millones en hacer vivienda pública». Especialmente «durante los años 70 y 80». «El problema es que esas viviendas ya no son públicas», denuncia. Como remedio, concluye que la Administración debe crear «una política de alquiler social para afrontar la emergencia» y hacer «una reserva de vivienda en condiciones para las personas vulnerables».