Cáritas recurrió a los tribunales y María consiguió una vivienda

María (nombre ficticio) tenía un certificado de discapacidad, muchos informes sociales de vulnerabilidad y llevaba nueve años pidiendo una vivienda pública. Antes había vivido en la calle y por aquel entonces se encontraba en una chabola, en Huelva. Un buen día le llegó una orden de desahucio. En ella le decían que tenía un mes para irse del lugar donde vivía. Era una infravivienda que no tenía condiciones mínimas de habitabilidad, pero para María era su hogar.

Cáritas Diocesana de Huelva conoció el caso. «Nos planteamos que había un objetivo concreto: que esa persona tuviera acceso a una vivienda digna, que no fuera desahuciada sin tener un alojamiento alternativo. Pero nos planteamos algo más: ¿por qué no proponer un litigio estratégico?», explica a Alfa y Omega Sonia Olea, miembro del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

El litigio estratégico es una herramienta jurídica que comienza a aparecer en España, pero que desde hace tiempo es utilizada por las organizaciones sociales en toda Europa para luchar contra injusticias y vulneraciones de derechos humanos. «No se va a los tribunales solo para solucionar un problema concreto de una persona o de una familia; se hace pensando que va a tener repercusiones para muchas más personas», desarrolla Olea. Y no únicamente para hacer cambios en lo jurídico, sino también para «sensibilizar e informar de cómo están sufriendo y viviendo estas personas».

El pasado marzo Cáritas Española presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Huelva. Argumentó que las personas que están en la calle viven 30 años menos de media que quienes viven en un hogar. Y que, al no concederle una vivienda pública, se podía vulnerar el derecho a la vida de María. Así consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía otorgara medidas cautelares hasta que la Administración pública la proveyera de una vivienda. No plantearon la vulneración del derecho a la vivienda sino la vulneración de un derecho humano universal como es la vida. Esa fue la clave. Cáritas lleva años luchando para que haya cambios en las políticas públicas y utilizando medidas como la incidencia política y también la reclamación jurídica. El paso al litigio estratégico «es la siguiente fase, a la que se accede con toda normalidad».

«Hasta ahora las organizaciones sociales teníamos que ir hasta Naciones Unidas a presentar comunicaciones contra el Estado español. Ya ha recibido ocho condenas por vulnerar el derecho a la vivienda, que es lo que tiene comprometido en sus tratados firmados». Pero «esto no funciona», afirma Olea. Ahora han decidido basar los litigios estratégicos en qué derechos humanos se ven vulnerados, como el derecho a la vida o a la dignidad.

La semana pasada, en CaixaForum Madrid, algunas organizaciones sociales se reunieron para compartir sus casos y experiencias en este ámbito. En Europa tienen años de experiencia. La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA por sus siglas en francés) planteó en 2006, junto a la Fundación Abbe Pierre, una de las primeras reclamaciones colectivas que se hicieron contra Francia. La demanda revisaba en detalle la situación de la vivienda, en términos de obligaciones internacionales, legislación interna y políticas públicas existentes. Como respuesta, en 2007 Francia introdujo una ley que garantiza la protección jurídica y permite a sus ciudadanos exigir su derecho a la vivienda ante un juez.

En el barrio de Pomecia, en Teruel, también hubo un caso de éxito. Gracias a una sentencia en la que se personó la Fundación Secretariado Gitano se consiguió impedir que fueran desalojadas sin una alternativa habitacional 96 personas: 31 menores y 14 con alguna discapacidad o enfermedad.

El caso de María, en Huelva, tuvo un final feliz; mejor incluso de lo que esperaba Cáritas Española. «Gracias a la presión ejercida con el litigio estratégico no nos hizo falta llegar al Tribunal Constitucional, porque el Ayuntamiento de Huelva le ofreció un piso», cuenta Olea. La victoria de María es la victoria de muchas personas que viven en infraviviendas. Una puerta jurídica abierta de la que muchos se podrán beneficiar.