Cáritas acompañó a 3.667 mujeres víctimas de violencia machista en 2023

Con motivo de la celebración, el próximo lunes 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cáritas ha dado cuenta de su labor en este ámbito con «el objetivo de conseguir una verdadera igualdad y justicia entre hombres y mujeres», ha explicado la entidad en una nota de prensa. En 2023, la organización caritativa de la Iglesia, a través de su red diocesana, acompañó a un total de 3.667 mujeres víctimas de violencia machista a través de diferentes recursos y programas especializados en todo el país. De ese total, 2.994 se encontraban en contextos de prostitución, 800 eran víctimas de explotación sexual, 275 presentaban indicios de trata, 590 sufrían violencia de género en el ámbito de la pareja y ocho eran víctimas de otras violencias.

A todas ellas, según sus necesidades, Cáritas les ofreció lugares seguros, apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico, talleres de desarrollo personal y social, orientación e inserción sociolaboral y «ayudas económicas en aquellos casos de especial vulnerabilidad y exclusión social». Además, la confederación puso a disposición de esta realidad 16 pisos y casas de acogida y 15 centros de día (de régimen ambulatorio).

«En nuestro día a día, acompañamos a mujeres que se ven inmersas en distintos espirales de violencia y en muchas ocasiones invisibilizadas», como las cada vez más mujeres que «ejercen la prostitución en asentamientos chabolistas de inmigrantes». Esta invisibilidad «no solo estigmatiza a las mujeres que llegan a nuestros recursos, sino que también aumenta su riesgo de exclusión social. Ser víctima de violencia provoca, entre otras graves consecuencias, aislamiento, deterioro de la autoestima y frustración, problemas de salud física y mental y dificultades para la inserción laboral, lo que lleva a su vez a una menor independencia económica para decidir sobre sus vidas», subraya Leticia Escutia, del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española.

Acciones formativas

Además de la atención a las víctimas, Cáritas realizó el año pasado diversas acciones formativas para aumentar la concienciación social en la población en general y en las posibles víctimas ante esta lacra. También se trabajó con los equipos técnicos y el voluntariado con el objetivo de proporcionarles herramientas específicas en la detección precoz de la violencia machista.

«Los distintos tipos de violencia machista no disminuyen. Esto hace aún más importante nuestra labor desde Cáritas para contribuir a crear una sociedad en la que no se ejerza ningún tipo de violencia contra las mujeres», apunta Escutia. «Por ello, hemos reforzado nuestras acciones formativas para sensibilizar, prevenir, identificar y acompañar de manera correcta a las mujeres que sufren estas situaciones tan injustas».

Protección efectiva

Desde el ámbito de la incidencia política, Cáritas insta a las Administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia de esta enorme lacra social. Por ello, en sus propuestas políticas, presentadas en junio de 2023, exhortaba a los grupos parlamentarios a la «protección efectiva de las víctimas de violencia machista».

A través de este documento, Cáritas recomendaba ampliar el concepto de violencia de género —previsto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre— a todas las formas de violencia machista. Además, solicitaba unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima para garantizar así el acceso efectivo a derechos de todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquier ámbito de su vida, con independencia del territorio y de su situación administrativa.

«La normativa estatal contempla un concepto restrictivo de violencia machista, lo que limita su ámbito de aplicación y protección. A nivel autonómico, además, existe diversidad en relación con el concepto y el proceso de acreditación de la condición de víctima, lo que provoca diferencias en función del territorio en el acceso a derechos (vivienda, empleo…), medidas de protección o a prestaciones sociales», asegura Raquel Benito, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.