Cárceles de refugiados sin refugio

Durante la guerra civil en El Salvador, en los años 80, el arzobispo Óscar Romero convirtió las iglesias en refugios para personas perseguidas por la dictadura. Fue asesinado por proteger a los demás. Hoy nadie cuestiona su valía y ejemplaridad. Sin embargo, la UE prepara ahora un nuevo reglamento que, de ser aprobado, convertiría en criminales a personas como Romero y pondría en peligro a cientos de miles de personas que necesitan refugio.

El 11 de marzo la Comisión Europea presentó el nuevo Reglamento de Retorno. Esta normativa es un hito para la inhumana política migratoria europea. Más de 100 organizaciones de derechos humanos han mostrado su oposición frontal a esta propuesta y creen que sus resultados serán «catastróficos». Si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, los Gobiernos europeos podrán expulsar a terceros países a quienes llegaron aquí en busca de protección y no la obtuvieron. Estos solicitantes de asilo podrán ser enviados a naciones que jamás pisaron o con las que no tienen ninguna relación, y donde su vida podría correr peligro. Gobiernos como el de España, Italia, Francia o Alemania también podrán encerrar durante dos años a inocentes en cárceles de migrantes dentro del territorio europeo, o durante un tiempo indefinido en otras fuera de la Unión Europea.

En la historia siempre hubo y habrá personas buscando refugio, y siempre hubo y habrá personas dejándose la piel para proteger a los demás. Antaño los perseguidos buscaban asilo en los templos, pero tras la Segunda Guerra Mundial y la barbarie del Holocausto la humanidad vio nacer la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El pilar más importante de este tratado internacional es el principio de no devolución, que prohíbe expulsar a una persona a un país en el que corra peligro. El nuevo Reglamento de Retorno de la UE pisotea este principio, del que en el pasado se beneficiaron muchos ciudadanos europeos, como los españoles que huían de la represión franquista o los húngaros que escapaban de la soviética.

El control migratorio es un mercado lucrativo en el que ahora destaca la externalización de fronteras, que consiste en subcontratar a países terceros para que repriman y encarcelen a migrantes y refugiados, todo lejos de la mirada crítica de periodistas y ciudadanos. Las políticas que sostienen este negocio usan un lenguaje amigable: las cárceles de migrantes son «centros de retorno» o de «estancia temporal»; las expulsiones forzosas son «devoluciones». Contratar a regímenes extranjeros como guardas fronterizos es «cooperación en materia migratoria».

En todo este asunto existe un abismo entre las palabras y los hechos. El Gobierno de España dice estar en desacuerdo con estas prácticas, pero lo cierto es que ya las está llevando a cabo. Sucede, por ejemplo, con las cárceles de migrantes que contempla el nuevo Reglamento de Retorno europeo.

A mediados de mayo de 2024, 15 Gobiernos de Estados miembro pidieron a la Comisión Europea construir centros de detención de migrantes fuera del territorio de la Unión, siguiendo el ejemplo del de la italiana Giorgia Meloni y sus prisiones de migrantes en Albania. El Gobierno de Pedro Sánchez no firmó esa carta y se posicionó en contra. Por el contrario, justo una semana antes España puso en marcha la construcción de dos cárceles de migrantes en Mauritania, cuyo régimen encarcela y abandona a los migrantes —incluidas mujeres y niños— en mitad del desierto usando tecnología y apoyo del Ejecutivo español. España construye estas cárceles usando una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores envuelta en numerosos escándalos, la FIAP, que la semana pasada cambió su nombre —antes era FIIAPP—. De momento, el Gobierno de España no se ha posicionado públicamente sobre el nuevo Reglamento de Retorno. A finales de febrero, la FIIAPP amplió los plazos en las obras de las cárceles de migrantes de España en Mauritania.

El derecho de asilo es uno de los más manoseados. El proceso para decidir quién merece protección y quién no es lento, arbitrario e inhumano y condiciona la realidad de miles de familias en todo el mundo. España concede protección a aproximadamente dos de cada diez solicitantes. «A finales de 2024 había más de 242.000 personas pendientes de una decisión de la que depende su vida y su futuro», afirma CEAR. El Gobierno español incluso tiene acuerdos con el régimen mauritano para expulsar a ese país a ciudadanos de terceros países. En el pasado han trascendido casos de ciudadanos de Mali, país en guerra, que fueron deportados de nuestro país a Mauritania, después de que las autoridades españolas les denegaran el asilo. La benevolencia con que se expresan en público los altos cargos del Gobierno cuando hablan sobre personas migrantes y refugiadas choca con la realidad de sus actos y decisiones.

Expulsar y encerrar a personas inocentes en países lejanos implica aceptar que existen «personas inferiores» que, por su condición infrahumana, pueden ser privadas de dignidad y derechos. Tolerar algo así nos pone ante un nuevo escenario de peligro y nos aleja de la paz, porque la universalidad de los derechos es esencial para construir un mundo más justo y equitativo. Decía Martin Luther King que «la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes».