La Unión Europea avala la creación de centros de deportación en terceros países - Alfa y Omega

La Unión Europea avala la creación de centros de deportación en terceros países

Bruselas copia el modelo Meloni para llevar fuera de Europa los centros de deportación de migrantes

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Rescate de migrantes en la ruta canaria
Rescate de migrantes en la ruta canaria. Foto: Ministerio de Defensa.

La Comisión Europea propuso el miércoles que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tengan la posibilidad de enviar a terceros países a los migrantes que hayan recibido una orden de devolución, en el marco de una legislación para acelerar e intensificar los retornos.

Se trata de una réplica del modelo que la presidenta italiana Giorgia Meloni ya ha impulsado en su país, y que se espera que respalde este jueves la Unión coincidiendo con los cien días del segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario.

La legislación prevé de esta manera el «retorno forzado» y prohibiciones de entrada para los extranjeros que no puedan permanecer en la Unión Europea y supongan riesgos para la seguridad. El objetivo de la nueva normativa, que al ser un reglamento será de aplicación directa en los Estados miembros, es hacer que los retornos se gestionen de manera uniforme en toda la Unión, a través de un procedimiento simplificado.

Se da la circunstancia de que la Comisión Europea ha reconocido que no ha llevado a cabo un estudio de impacto previo a la propuesta por la «urgencia» para presentarla, aunque paradójicamente asegura que respeta los derechos fundamentales y los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, así como la legislación internacional.

La iniciativa concreta prevé en particular una serie de medidas para impulsar los retornos, empezando por la posibilidad de enviar a terceros países a los migrantes que han recibido una orden de devolución. Sobre ese punto, el texto precisa que los países a los que se podrían enviar serían aquellos con los que exista un acuerdo o convenio de retorno y que esa posibilidad debe estar sujeta a condiciones específicas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.