Avances en la defensa de los inmigrantes
Hace menos de un mes, los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones pedían la elaboración de una legislación acorde con la defensa de la dignidad de los inmigrantes, en especial en el caso de los Centros de Internamiento de Extranjeros -CIE-, sujetos a numerosas críticas por parte de las organizaciones que velan por el bienestar de los inmigrantes. La pasada semana, el ministerio del Interior anunció la elaboración del tan esperado reglamento, con especial atención en el personal que atiende a los internos y el objetivo de, ante todo, velar por los derechos y dignidad de los migrantes
El ministro de Interior, don Jorge Fernández Díaz, anunció, la pasada semana, la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Entre las medidas que recogerá el reglamento estará, según adelantó, la limitación de la actuación policial a tareas de vigilancia, dejando la atención a los internos a «personal especializado».
Fernández Díaz insistió en que infringir normas de carácter administrativo «no les convierte en delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de los mismos derechos y la misma dignidad», y añadió que «la necesidad en España de revisar los Centros de Internamiento de Extranjeros es una obviedad». La elaboración del reglamento regirá «el régimen de organización y funcionamiento» y permitirá incorporar «mejoras en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo», especialmente elevadas tras la visita de dicha institución al CIE de la Zona Franca de Barcelona. Además, el ministro de Interior citó centros concretos, como los de Málaga y Algeciras, «que precisan de cambios de cierto calado».
Fernández Díaz explicó que en la actualidad existen 12 centros de internamiento de extranjeros en España, de los cuales seis son en la Península y los otros seis en las Islas Canarias, con un total de 4.116 plazas con una ocupación, de media, del 67 %; es decir, «dos tercios de su capacidad». Según indicó, la estancia media por interno es de 18 días, frente al máximo de 60 que, por ley, se puede retener a una persona en el CIE, a la espera de la expulsión, lo que supone «estar muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea».
Desde la Conferencia Episcopal, se ha valorado el anuncio de la elaboración del reglamento como un «avance en la defensa de los inmigrantes», y una cercanía a la última petición de los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones, en la que expresaban que «mientras existan» los centros de internamiento de inmigrantes, «confiamos en que sean utilizados de modo excepcional, y que en todo caso, se vele por las condiciones de vida de los internos».
Para saber más: Urge un reglamento