Alabama blinda a las clínicas de fecundación in vitro

«Latas de concentración». Jérôme Lejeune, primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida, usaba esta expresión, similar en inglés a «campos de concentración», para los contenedores en los que se mantienen congelados a embriones humanos sobrantes de la fecundación in vitro (FIV). Joseph Meaney, presidente del Centro Nacional de Bioética Católica de Estados Unidos, lo recuerda a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Alabama, que el 16 de febrero consideró «hijos» a estos seres humanos a efectos de la ley sobre muerte de menores por negligencia.

Aunque matizaba que su decisión no equivalía a reconocerlos como personas, daba la razón a tres familias que demandaron civilmente a una clínica donde sus embriones murieron al descongelarse accidentalmente. Un juzgado había rechazado la demanda al no considerarlos «menores». El Supremo aceptó el recurso de las familias apoyándose en su propia jurisprudencia, que incluía a los no nacidos en esta ley, y en que la Constitución estatal exige interpretar las normas ambiguas de forma favorable a estos.

La sentencia ha causado gran revuelo en el país. «Varias clíncas en Alabama frenaron su actividad por miedo a las demandas», relata Meaney; sobre todo teniendo en cuenta que, según distintas estimaciones que ha recogido, entre el 75 % y el 90 % de los embriones que se crean quedan congelados o mueren —o los matan— en algún punto del proceso. La semana pasada, este experto mostraba su esperanza de que la sentencia ayudara «a la gente a ver que la fecundación in vitro es una gran causa de muerte de embriones» y llevará a los legisladores a imponer «restricciones más estrictas».

Menos optimista era Nikolas Kongoasa, ginecólogo de Alabama experto en medicina restaurativa de la fertilidad: «Aunque una decisión legal ponga barreras, si la gente no cambia las cosas pueden volver a lo que eran o incluso empeorar». Los hechos le dieron la razón. El 29 de febrero, el Congreso y el Senado de Alabama, ambos con amplia mayoría republicana, aprobaron sendas leyes para proteger a los negocios de reproducción artificial frente a las demandas si los embriones con los que trabajan fallecen. Este movimiento contrasta con el hecho de que en este estado el aborto está totalmente prohibido.

La posibilidad de adoptar

Otra consecuencia de la sentencia es que reabre la espinosa cuestión de qué hacer con ellos. Tras la sentencia «hemos recibido más peticiones de información» sobre la posibilidad de adoptarlos, asegura Beth Button, directora ejecutiva de Snowflakes. Su entidad pone en contacto a familias que quieren donar sus embriones con otras dispuestas a gestarlos y criarlos. Legalmente, «nuestro trabajo no está regulado por las leyes sobre adopción sino por las de propiedad», explica. Pero como rama de una agencia de adopción cristiana, desde su ideario —que no está en contra de la fecundación in vitro pero considera personas a los embriones— sí «vemos el traspaso como una adopción». Y lo realizan aplicando el mismo proceso, que incluye una evaluación de la idoneidad y la formación de los adoptantes. Así han nacido ya 1.300 niños, una parte significativa de los 8.457 que han venido al mundo de esta forma en el país entre 2004 y 2019, según datos que cita Meaney.

Para la Iglesia católica la posibilidad de adoptar estos embriones resulta difícil de resolver. «Ha dejado muy claro que la fecundación in vitro es un desorden moral». Cualquier salida «va a estar siempre en el terreno del mal menor» y no va a ser satisfactoria al 100 %, admite Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune. En el último documento magisterial sobre el asunto, la instrucción de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe Dignitas personae (2008), se recordaba que los embriones criopreservados se encuentran «en una situación de injusticia que es de hecho irreparable» y para la que «no se vislumbra una salida moralmente lícita». Incluso la adopción, si bien con una intención «loable», «presenta problemas éticos».

A pesar de esta formulación en la traducción española, López Barahona sostiene que «en la edición típica latina se ve que la cuestión está abierta. No hay una posición definida», y «es muy difícil» que la haya de forma rotunda. Corresponde «al discernimiento de cada matrimonio con su director espiritual y desde la pureza de intención» para que «prevalezca el bien del embrión» y no satisfacer un deseo de maternidad.