Agresiones en el aula: cómo son y cómo prevenirlas
Ocho de cada diez profesores de la pública «perciben un aumento de las agresiones» en el aula. A veces físicas y a sí mismos. Los colegios diocesanos de Madrid y profesores de Religión proponen una vacuna
Nos colamos en la clase de 4º de la ESO de Alberto Canora, el director del colegio diocesano Institución del Divino Maestro, en pleno centro de Madrid. Cuando habla, sus alumnos callan. Cuando les pregunta, le responden con espontaneidad. Se entremezclan las risas y los conocimientos importantes y es el propio Kevin, uno de sus alumnos, quien nos cuenta que el día anterior «hubo un problema con una compañera que se sentía excluida». «Tratamos de hablar de por qué y nos dijo que no encajaba», añade. La solución fue sencilla: su compañera Xiomara le ofreció sentarse juntas y ahora tienen sus pupitres pegados. «Es perfecto, porque no nació del profe sino de ellos y me sorprendió», nos explica Canora, quien les imparte Ciencias. «Si hacemos sentir así a una persona y abandona la escuela, el daño a futuro es tremendo», advierte el director. «Pero si se gradúa será prueba de que lo hemos logrado».
El modo en que este grupo desescaló la situación parece menor, pero se produjo en la misma semana en que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) advirtió de que, en nuestro país, ocho de cada diez profesores de la pública «valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo» y «percibe un aumento de las agresiones verbales por parte del alumnado»; e incluso físicas.

Tal es el caso de un docente en un pequeño municipio que prefiere no revelar su nombre y que es «tutor de un grupo de diversificación con el que estoy experimentando mucha incomodidad». Aunque solo pasa con ellos dos horas al día, «son muy “diablos” y se las apañan para enfurecerme». «Lo habitual es que pasen de las clases, pero además se insultan y lanzan cosas». Algo que sucede «ya no solamente entre ellos, sino también conmigo». Además, se aprovechan de que «tengo una discapacidad auditiva y usan el móvil a escondidas para poner música y yo no sé de dónde viene» al darse la vuelta para requisar el dispositivo. «Me insultan, tienen muy malas conductas y el instituto me felicita por haber puesto partes disciplinarios». Pero, aparte de la palmadita, el apoyo real que recibe es más bien escaso. Tomando el toro por los cuernos, convocó una reunión con sus padres, «pero de los 14 que tenían que haber venido, acudieron cinco». De forma tan paradójica como ilustrativa, precisamente aquellos cuyos hijos tenían mejor comportamiento.
Sin datos en este sentido de la educación concertada —pues el estudio del STE no la refleja—, Miriam Ruiz, directora del departamento psicopedagógico de la Fundación Virgen de la Almudena y quien visita sus 28 centros en la capital, sí reconoce que «hay alumnos con problemas de conducta que no saben tolerar la frustración o el “no”».

Ante la pregunta de cómo se trabaja con ellos, Ruiz explica que el Departamento de Orientación de cada colegio ha asumido la misión de abordar los conflictos cuando aún se están cociendo para «evitar que lleguen a estos extremos». En lo concreto, cuando un chaval se agita, un profesor «sale con él a un aula vacía o al patio para enseñarle a desahogarse sin hacerle daño a nadie, tampoco a sí mismo». La meta es «que cada vez se frustre menos» para que «vaya tolerando cosas más grandes».
Según la psicóloga, cuando se pierden los papeles, «lo más importante es alejarlo del contexto y que se relaje, porque en ese momento no se va a poder razonar con él». Y después —y esto es fundamental— «es importante hablar con el alumno y ver si es consciente de que lo ha hecho mal». Y, si es necesario, castigar. Aunque hoy día sea impopular. «El niño que agrede tiene que entender que hay una persona que ha sido vulnerada», añade Eva Mayoral, una representante de la titularidad de la fundación. Y matiza que, «si se pone un castigo, se tiene que entender por qué». Por ejemplo, si el alumno «ha roto algo de material, el castigo puede ser arreglarlo en los recreos».
La Policía no solo es para robos
Ana Gascuñana, la integradora de la Fundación San Bernardo —que depende la Fundación Virgen de la Almudena— cuenta que «este año estamos participando en un programa de la Policía Municipal para mediadores orientado al acoso y a los problemas que surgen en el día a día». Consiste en que los propios alumnos eligen a un compañero de cada clase al que le vean talante para esta labor. «La propia Policía les da una formación para solucionar los conflictos que vemos en clase». La fundación también ofrece una Escuela de Padres aunque, al igual que hemos visto con aquel profesor de diversificación en la pública, a menudo los que acuden con su mejor disposición son a los que menos falta les hace.
Ni el mal comportamiento en las aulas es un problema exclusivo de la pública ni los mecanismos para atajarlo patrimonio de la concertada. Lo demuestra muy bien Gabriel Zorrilla, profesor de Religión en el Instituto Julio Palacios de San Sebastián de los Reyes. Reconoce que en él «hay problemas de convivencia diferentes a los del resto de institutos, para lo bueno y para lo malo». Él les ha dado la vuelta y, con una estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, ha sorteado los «estereotipos y prejuicios» sobre la clase de Religión y se ha zambullido en el «maravilloso ambiente de trabajo del equipo directivo, que está ávido de toda ayuda». Por un lado, en su aula, mantiene como una prioridad «la no normalización de conductas chungas», pues «la propia sociedad en que vivimos permite una manera de convivir en la que la violencia y el machismo se gestan desde la base; y lo notamos en las aulas».

Pero, además, alumbró una iniciativa que se llama Proyecto Reencuentro y atiende a «los chicos a los que se les acumulan los partes y pueden caer en un circuito de entrar y salir del colegio» sin que aprendan nada. Busca «aplicar acciones restaurativas para que el alumno que vuelve de la expulsión pueda tomar conciencia del daño que ha hecho y cómo reparar a la persona herida en su dignidad». Tras la primera expulsión, «si no lo sanamos, nos encontraremos con una segunda, tercera o cuarta». Así, durante las dos semanas en las que el chaval se reincorpora al ritmo escolar, Zorrilla y sus compañeros tienen con él una serie de entrevistas para que su educación «no se transforme en una corrección punitiva y nada más» y pueda «dotarle de herramientas con las que convivir».
«Las agresiones verbales por parte de los padres e intentos de humillación, por desgracia, son mucho más frecuentes que hace unos años», nos confía Alejandro Castellanos, director del Instituto Manuela Malasaña de Móstoles y afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid. A nivel nacional, su organización revela que «el 76,66 % del profesorado se muestra de acuerdo con la afirmación de que existen actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias».
En el caso de su centro, Castellanos no recuerda ningún caso que haya llegado a la agresión física, pero sí ha identificado escaladas y tensiones que él y sus compañeros lograron desactivar porque tienen mucho oficio. Cuando el diálogo se tuerce, «se corta la reunión inmediatamente, se llama a alguien del equipo directivo que interviene y escalamos la conversación a la jerarquía». En cualquier caso, «yo digo en todos los claustros que, si la agresión llegara a pasar, no tendría ningún problema en que testifiquemos».
Las mujeres se llevan lo peor
Algo que sí ha visto más de una vez es «que un padre levante la mano a una profesora». «En el mundo docente, un porcentaje muy elevado de mujeres ejercen posiciones de autoridad y hay padres con comportamientos del pasado que se siguen diciendo: “A mí una tía no me va a decir esto”».
Pero incluso en el supuesto de que se produjera, advierte de que, por un lado, «el alumno seguiría yendo al instituto, que es lógico». Lo llamativo es que «el padre no pierde el derecho a ser atendido», ante lo cual, la manera más inteligente de reaccionar sería negarse en redondo a «volver a recibirlo sin la presencia de un miembro del equipo directivo o un policía». Y nos comparte la confidencia de que «muchos profesores me cuentan: “Un padre me ha dicho tal cosa y no me gustaría volver a verle”». A lo que él les responde, «con todo el dolor de mi corazón, que eso no es posible».
Entre las causas de esto, Castellanos señala que «vivimos en una sociedad más garantista, que es bueno», pero al mismo tiempo ha diluido la autoridad del profesor. Como fruto inmediato, «los padres me vienen a discutir tal o cual ley después de preguntarle a ChatGPT». Es un problema que no afecta únicamente a su gremio, sino también a médicos y abogados porque, ahora que «la autoridad somos todos; si antes había 45 millones de seleccionadores de fútbol, ahora hay 45 de tertulianos».
Otro factor de las tensiones entre padres y profesores es que las familias «no han tenido las conversaciones con sus hijos propias de la infancia y las estamos teniendo nosotros». Por tanto, cuando educan en el sentido más amplio de la palabra, «los hijos llegan a casa y dicen: “El profesor me trata mal”». Pide no estigmatizar a la juventud y señala que el desprestigio a los profesores a menudo parte de los comentarios de los propios padres en la casa.
Coincide con él Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, quien diagnostica que «hay menos momentos y mayor dificultad para establecer comunicación con las familias y esa colaboración es imprescindible». Un problema que se retroalimenta, porque «muchos profesores tampoco mantienen un contacto fluido con las familias por temor a sus reacciones adversas».
Como resultado, «el reconocimiento de los docentes ha ido bajando desde hace tiempo» y, debido a que «muchas familias pasan poco tiempo con sus hijos por el trabajo y los horarios, hay cierta sobreprotección hacia ellos y quieren demostrar su afecto compensando la falta de tiempo con darles la razón».