Acuerdo entre Canarias y el Gobierno central para derivar 2.500 menores a otras autonomías

El gobierno central y el de Canarias han mantenido este lunes una reunión y han acordado llevar a cabo una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir alrededor de 2.500 menores no acompañados que se encuentran actualmente en las islas entre las distintas autonomías. Así lo expresaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres en una rueda de prensa en la que también expresaron sus diferencias respecto a la forma de llevarlo a cabo.

Según informa Europa Press, desde el ministerio sugieren una proposición de ley «de lectura única y sin votos en el Senado». Sin embargo, las islas aseguran que lo más eficaz sería aplicar la medida a través de un decreto ley para que su aplicación sea inmediata, urgente y directa.

Actualmente el sistema de protección del Gobierno de Canarias tutela en solitario a 5.500 niños no acompañados, cifra que aumenta con la frecuente llegada de nuevas embarcaciones y cuyo traslado al resto de comunidades autónomas será, según Clavijo, «un alivio de presión importante para los recursos saturados».

El ministro ha señalado que el reparto se va a realizar en aquellas comunidades en las que se exceda un 150 % de la capacidad asignada, lo que en el caso de Canarias significaría seguir tutelando a 3.000 menores.

Para Ana María Cabrera, salesiana perteneciente a la Fundación Canaria Main, el peligro de este acuerdo radica en que se acabe viendo a los menores como cifras y se trasladen sin tener en cuenta su situación personal. «Muchos de ellos quieren quedarse en Canarias, y trasladarlos sería encadenar un desarraigo con otro», afirma en conversación con Alfa y Omega esta religiosa, que trabaja con menores no acompañados en un centro socioeducativo de Gran Canaria y también es la encargada de los corredores de hospitalidad dentro del Secretariado de Migraciones de la diócesis.  

Aunque ve positiva la medida porque «aliviaría la masificación real que hay», Cabrera ve importante no olvidar algunas de las necesidades de estos niños: regularizarse para que puedan vivir sin miedo a la policía, superar el shock del viaje y ayuda a la integración con el aprendizaje de la lengua.

Según la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras, la situación en Canarias es «grave» y estos niños no acompañados «necesitan urgentemente la garantía de sus derechos». Por su parte, la especialista en infancia en movimiento de Save the Children, Bárbara González del Río, ha señalado la necesidad de «implantar soluciones estructurales con una aproximación solidaria y colaborativa». «El reparto proporcionado y a tiempo no sólo aliviará la presión sobre determinadas regiones, sino que también permitirá una distribución más efectiva de recursos y servicios necesarios para atender las necesidades específicas de estos niños», ha añadido.

Se espera que en septiembre se formalice un acuerdo y se puedan comenzar a derivar a estos menores no acompañados a otras comunidades autónomas de España.