Los apátridas del Caribe: 200.000 dominicanos han sido despojados de su nacionalidad

Juliana Deguis Pierre tiene 32 años, nació en República Dominicana y nunca ha salido de su país. Hasta 2013 era una ciudadana más, pero ahora su nombre es conocido internacionalmente y hasta tiene una entrada en Wikipedia. Su salida del anonimato fue provocada por la lucha que ha liderado contra su Gobierno, que la declaró inmigrante irregular por ser hija de haitianos indocumentados. Aunque hubieran pasado más de 30 años desde su nacimiento. Aunque nunca haya estado en Haití. Aunque no hable criollo.

«El Tribunal Constitucional lleva desde 2007 con este proceso de desnacionalización de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana pero en 2013 dio un paso más y dictó la sentencia 168, por la que ordenaba revisar los casos de todos los nacidos a partir de 1929», señala Mario Serrano, sacerdote, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados en República Dominicana y responsable de migraciones en el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).

Como Juliana, a día de hoy más de 200.000 dominicanos han perdido su nacionalidad de manera retroactiva. Cifra que se suma a los diez millones de personas que actualmente carecen de patria en el mundo, según los últimos datos de ACNUR, que estos días conmemora el segundo aniversario de la campaña #IBelong que busca erradicar la apatridia en el mundo. De acuerdo con el informe, República Dominicana es el quinto país en la lista, por el número de apátridas en su territorio, superada por Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Tailandia.

«Uno de nuestros grandes desafíos –no solo para los dominicanos, sino para toda América Latina– es acabar con la discriminación y xenofobia hacia la población haitiana provocada, en gran parte, por sectores políticos ligados al nacionalismo radical», señala el sacerdote jesuita, de paso unos días por Madrid. Este odio ha calado tanto en la población «que incluso hay manifestaciones públicas en los medios de comunicación incitando al odio a los haitianos». Lo peor del caso es que «los funcionarios y las instituciones públicas que promueven esta inhumanidad salen impunes, e incluso son apoyados a nivel internacional», también desde España, a la que cita en particular.

Trabajadores esclavos

No es fácil lidiar con un estado que mira para otro lado cuando sus propios Cuerpos de Seguridad «reciben dinero de las mafias a plena luz del día para que dejen pasar a los inmigrantes haitianos que cruzan la frontera», acompañados de un traficante y previo pago de unos 300 euros por barba, añade el jesuita. Serrano vive en la frontera norte, donde su pan nuestro de cada día es denunciar a las redes de traficantes y las violaciones de derechos humanos a los que se ven sometidos los migrantes una vez llegan al país caribeño. «Cuando cruzan a este país es casi imposible que puedan regularizar su situación. Ahora mismo hay medio millón de haitianos, y solo el 30 % tienen papeles porque los requisitos necesarios son casi imposibles de cumplir». Aunque «el año pasado este Gobierno inició los trámites para regularizar a decenas de dominicanos, no es suficiente, porque se está dotando a los migrantes de un registro temporal, no permanente». La situación de prolongada irregularidad ha convenido durante años a la República Dominicana, porque «así disponen de mano de obra barata para la recolección de la caña de azúcar, o del banano, para el empleo doméstico o para la construcción. Es la lógica del capitalismo: aprovecharse de los pobres para pagar menos y lograr mayores beneficios», sentencia Serrano.

Otro de los desafíos de los jesuitas en el país es acompañar a estos trabajadores «casi esclavos» para que «se organicen, demanden mejores condiciones laborales y pidan el acceso a los servicios sociales, porque son trabajadores de este país». Y a medio plazo, «nos gustaría promover una campaña que presione a la comunidad internacional para que exija una serie de requisitos a los productos que importan». Por ejemplo, para que los trabajadores del banano, el aguacate o el cacao dominicano no vivan en chabolas, hacinados y sin acceso al agua ni a la electricidad.

El papel de la Iglesia dominicana

La Iglesia en República Dominicana ha sido «una de las primeras instituciones que trabajó a favor de los migrantes haitianos», como por ejemplo la lucha de primera mano en los bateyes de azúcar de sacerdotes como el misionero anglo-español Christopher Hartley. «Pero por otro lado tenemos a responsables de la Iglesia con actitudes contrarias a la doctrina social de la Iglesia y al magisterio del Papa Francisco», asevera el coordinador de migraciones del CELAM. «Ha habido mucho silencio, y arzobispos que en su momento se manifestaron con pronunciamientos xenofóbicos, articulados con la extrema derecha del país», afirma.

Serrano tuvo, hace dos años, un desencuentro público con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, ahora arzobispo emérito de Santo Domingo, quién le descalificó públicamente por estar en desacuerdo con su labor en el trabajo con la población haitiana. Por el contrario, el jesuita agradece el ejemplo que ha dado el nuevo arzobispo, monseñor Francisco Ozoria, quien «ha manifestado abiertamente que parte de la misión de la Iglesia dominicana es acompañar a los haitianos, y nadie debe sorprenderse de algo así».