Luis Manuel Alí Herrera: «Escuchar no alcanza si no se traduce en algo que cambia decisiones»

—La Comisión Pontificia para la Protección de Menores (PCPM, por sus siglas en inglés) es un organismo único por la naturaleza tan específica y delicada de su misión. ¿Cómo queda exactamente, con los nuevos estatutos, su lugar y su relación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que lleva la parte disciplinaria de la lucha contra los abusos?
—Nuestro lugar dentro de la Curia cuenta, en realidad, la historia de cómo ha madurado el tema de la protección de menores en la Iglesia. Hoy se entiende en sentido integral: no solo prevenir los abusos, sino acompañar y dar participación a las víctimas y a los sobrevivientes.

El Papa Francisco creó la comisión en 2014 como un organismo autónomo, casi un «satélite», según sus propias palabras, para poder mirar con libertad las carencias del sistema. Así quedó establecido en los estatutos del 2015. Esa primera etapa nos enseñó algo importante: detectar las carencias es solo el principio; lo difícil es que se corrijan. Por eso, con Praedicate Evangelium, en 2022, el Papa Francisco decidió integrarnos en el gobierno central de la Iglesia, es decir, en la Curia romana, en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

—¿Qué supuso?
—Fue un cambio de fondo: dejamos de ser un organismo periférico para convertirnos en parte de los organismos de la Santa Sede. Hoy, los nuevos estatutos de León XIV confirman esa relación como una de complementariedad: el dicasterio sigue llevando lo disciplinar y lo judicial; nosotros acompañamos, promovemos y aconsejamos para que la cultura del cuidado se integre en los procesos de evangelización. Lejos de ser una limitación, eso refleja que la protección ya no es periférica, sino parte estable de la misión de la Iglesia.

Conviene distinguir dos cosas que a veces se confunden: el lugar que ocupamos en la Curia, y la naturaleza de nuestra función. Lo primero cambió de fondo en 2022, al entrar a formar parte de la Curia romana. Lo segundo —que somos un órgano de orientación, no un tribunal— no ha cambiado nunca, ni debería cambiar. La pregunta no es si tenemos poder judicial, que no nos corresponde, sino si nuestra voz pesa donde se toman las decisiones. Y eso sí ha cambiado.

—¿Qué ha llevado a elegir este formato, por ejemplo en lo que se refiere al hecho de reportar directamente al Santo Padre?
—Reportar directamente al Santo Padre, a través de nuestro presidente, no es un detalle protocolario: es una decisión que tomó Francisco y que León XIV ha confirmado. Significa que la protección no es un asunto más entre tantos, sino una prioridad que llega sin intermediarios al primer responsable de la Iglesia.

Esa línea directa cumple dos cosas a la vez: garantiza que los avances, y también los fracasos, se conozcan arriba, y protege la independencia de la Comisión como evaluadora. Al principio fuimos sobre todo un órgano consultivo, con poca capacidad real de incidir. Hoy, con una función más operativa, ese reporte directo pesa más.

—¿Cómo se han abordado en los estatutos posibles problemas o dificultades de funcionamiento de los últimos once años, desde la creación de la PCPM?
—Once años dan para aprender. Empezamos identificando carencias, sobre todo en torno a la claridad y la eficacia de nuestro propio mandato. Hoy tenemos una capacidad más estructurada para abordarlas sobre todo por medio de nuestras tres tareas principales: las líneas guías universales, el informe anual y la iniciativa Memorare. En los últimos cuatro años llegamos a los cinco continentes, con grupos de miembros y expertos regionales que conocen de cerca cada realidad, porque la protección no se vive igual en todas partes: no es lo mismo en Asia que en América Latina o en África.

La colaboración con los dicasterios responsables de la disciplina y la formación también se ha vuelto más estable y sistemática. Es el caso de la colaboración que tenemos con Propaganda Fide y los dicasterios del Clero y Vida Consagrada. De ahí ha surgido algo que valoro mucho: un modelo más coherente de rendición de cuentas, capaz no solo de señalar fallos, sino de hacerlos llegar a quien debe actuar en Roma y de reconocer patrones a escala mundial. A través de los informes anuales vamos construyendo esa visión de conjunto que antes no teníamos.

Pero soy consciente de algo, y lo digo sin triunfalismo: la reforma de las estructuras, por sí sola, no basta. La verdadera prueba es si todo esto cambia algo en una diócesis concreta; es más, en una parroquia concreta, en el acompañamiento a los acólitos, al grupo de adolescentes que se preparan para el sacramento de la Confirmación, a los niños atendidos en los dispensarios o la asistencia a personas en situaciones de vulnerabilidad; en fin, en la vida concreta de una comunidad de fe.

—La reforma se aprobó el 20 de mayo, pero se ha hecho pública inmediatamente después del viaje de León XIV a España, donde el Papa recibió recomendaciones de las víctimas. ¿Qué papel han jugado otros encuentros y la escucha a las víctimas en la elaboración de los nuevos estatutos?
—Desde el principio, escuchar y tener en cuenta el parecer de las víctimas no ha sido un gesto, sino el punto de partida. Varios sobrevivientes forman parte de la comisión; no son destinatarios de nuestras políticas, las ayudan a escribir. Los nuevos estatutos nacieron también de ese diálogo. Lo que el encuentro del Papa con los sobrevivientes en España puso de relieve es que escuchar ya no alcanza si no se traduce en algo institucional, transparente, capaz de cambiar decisiones. Vamos de los gestos simbólicos hacia formas de participación más estructuradas, y ese es justamente el reto que tenemos por delante.

—¿Encajan las peticiones de los sobrevivientes que hablaron con el Santo Padre en el nuevo funcionamiento de la PCPM?
—Sí, hay una coincidencia clara. Lo que las víctimas pidieron al Papa en España —sistemas de denuncia accesibles, acompañamiento real, transparencia, rendición de cuentas— es justamente lo que recoge nuestro segundo informe anual: centros de escucha acogedores, apoyo psicológico y pastoral profesional, comunicación transparente sobre los casos, reconocimiento público del daño.

Y subrayamos algo que me parece esencial: la reparación económica es necesaria, es debida, y en muchos lugares todavía no llega como debería. Pero no se agota ahí. Devolver dignidad y acompañar una sanación que no tiene atajos es igual de exigible, y a veces más difícil de garantizar que un resarcimiento económico.

—Una de las principales funciones de la PCPM es promover el establecimiento de «sistemas estables y fácilmente accesibles» para denunciar abusos en las diócesis, así como centros de asistencia espiritual, terapéutica y psicológica. ¿Cómo de implantadas están estas dos peticiones a nivel mundial? ¿Se está dando el paso de una mentalidad meramente judicial a una preventiva y de acompañamiento?
—Hay avances, pero desiguales: no todas las regiones tienen las mismas posibilidades de denuncia ni de apoyo a las víctimas, y eso nos preocupa. Lo que sí veo con claridad es un cambio de mentalidad: ya no pensamos la protección solo en clave jurídica. Como dijo el Papa León XIV en su discurso a los obispos de España, «la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado».

—¿En qué punto se encuentran, a este respecto, la Iglesia en España y en Madrid?
—España tiene marcos desarrollados. La pregunta hoy —que vale para todo el mundo— no es si existen las estructuras, sino si funcionan de verdad. Madrid, con el Proyecto Repara, me parece un buen ejemplo: atención psicológica, espiritual y moral a las víctimas, en la línea de lo que promovemos: unir denuncia, acompañamiento y sanación.

Pero una buena iniciativa no basta por sí sola. Hoy se evalúa dentro de un conjunto más amplio de coherencia y transparencia. Madrid muestra tanto un avance real como una tarea que sigue abierta: que lo bueno no se quede aislado, sino que se vuelva cultura.

—Los nuevos estatutos también formalizan la elaboración de un informe anual, como ya se ha hecho los dos últimos años. Además de una función diagnóstica, ¿están teniendo estos informes frutos prácticos? ¿Cuáles?
—Los informes anuales se han vuelto una de las herramientas más valiosas que tenemos. No son solo diagnóstica: el proceso mismo de elaborarlos ya es un camino de conversión y un ejercicio sinodal, porque sienta en la misma mesa a responsables de la Iglesia, profesionales y víctimas. El segundo informe, además, ofrece algo muy concreto: orientación práctica sobre cómo notificar casos, acompañar a las víctimas y reparar el daño. Junto con los nuevos estatutos y la mayor presencia de los sobrevivientes, el informe se ha convertido en parte de una prueba de credibilidad más amplia: medible, visible, exigente. En eso estamos con la última etapa de la elaboración del tercer reporte anual.

—Se ha dicho que los nuevos estatutos subrayan que la PCPM tiene un papel «de guía más que de gobernanza». ¿No era la falta de poder de ejecución una de las carencias aducidas por exmiembros de la comisión para abandonarla?
—Entiendo la pregunta, y la respeto, pero yo lo veo como una aclaración, no como una carencia. Nuestra autoridad nunca fue judicial. Nuestra pretensión nunca ha sido ser la policía de la salvaguarda; está en fijar criterios, detectar fallos y asegurarnos de que lleguen a quien tiene que decidir.

Lo que ha cambiado no es esa naturaleza, sino el contexto en el que trabajamos: ahora estamos integrados en la Curia, con funciones de información más sólidas y mayor cercanía con los sobrevivientes, dentro de un sistema de rendición de cuentas más amplio. Sé que algunos exmiembros se fueron precisamente por esa falta de poder ejecutivo, y no minimizo esa frustración; es real y la entiendo.

Si soy honesto, durante años hubo una brecha real entre lo que la comisión detectaba y la velocidad con que la Curia respondía. Esa brecha agotó a algunas personas, y es comprensible. Lo que ha cambiado con la integración en la Curia romana y los nuevos estatutos es que esa brecha se ha acortado; no desaparecido, pero sí acortado. Eso no es autocomplacencia; es una tarea que sigue abierta y que reconozco como tal.

Pero al final, la credibilidad no se mide por el poder que se tiene, sino por la coherencia: si la orientación produce acciones concretas, si las estructuras dan resultados, si el compromiso se sostiene en el tiempo. Por eso veo que nuestro papel está evolucionando hacia el de un catalizador estratégico, uno que conecta la reforma de gobernanza, la responsabilidad de quienes lideran y la participación de los sobrevivientes; de forma que, con paciencia, eso vaya transformando la respuesta de la Iglesia ante los abusos. Ahí es donde quiero que se nos juzgue.

Permítame resumirlo diciendo que somos una comisión que acompañamos y promovemos para que la salvaguarda se haga un hábito institucional arraigado.