Piden al Gobierno de España que «subsane» el debilitamiento de la diligencia debida en la UE

La Plataforma por Empresas Responsables ha instado al Gobierno de España a aprobar una legislación «ambiciosa» sobre diligencia debida para «subsanar» el debilitamiento que la directiva al respecto ha sufrido en Bruselas. El Parlamento Europeo aprobó el pasado martes 16 de diciembre un amplio paquete de medidas que afectan gravemente a la Directiva de Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD por sus siglas en inglés).

Esta norma europea obliga a las empresas a proteger los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de producción y a responsabilizarse de las acciones de las entidades a las que contrataban. Solo un año y medio después de su aprobación en mayo de 2024 como «avance histórico», y sin que hubiera entrado aún en vigor, se ha visto reducida de forma significativa.

Aprobado con 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones —tras la alianza del Partido Popular Europeo con los partidos de derechas contrarios a la norma—, el paquete Ómnibus I «modifica elementos clave» de la directiva, afirma esta entidad. «En un contexto marcado por presiones externas y una tramitación legislativa deficiente, se han desmantelado salvaguardas clave en nombre de la simplificación» y de reducir la carga administrativa de las empresas, denuncia Amaya Acero, coordinadora de la plataforma. 

Por ejemplo, se reduce drásticamente el ámbito de aplicación y se elimina la obligación a las empresas de contar con planes de transición climática. Esto «debilita la capacidad de la UE para proteger los derechos humanos, prevenir daños ambientales y garantizar un acceso efectivo a la justicia y a la reparación» por parte de las víctimas, explica Acero.

Hasta julio de 2028

«Instamos al Gobierno español a subsanar, durante el proceso de transposición, las limitaciones del texto aprobado, asegurando una normativa que proteja de manera real y efectiva los derechos humanos y el medio ambiente», subraya la Plataforma por Empresas Responsables. Los Estados miembros disponen ahora hasta julio de 2028 para adaptar su legislación nacional a la directiva.

Este proceso será «decisivo» para «corregir las carencias del texto europeo y garantizar una implementación robusta y efectiva». «Continuaremos trabajando de forma proactiva para una implementación justa, ambiciosa y coherente con los objetivos iniciales de la directiva», asegura Acero. 

«Fracaso de valores democráticos»

El 11 de diciembre, unos días antes de la votación del paquete Ómnibus en la Eurocámara, la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE) lamentó el «profundo fracaso de valores democráticos» como «la transparencia, la participación y la primacía del bien común». La aprobación del paquete había estado marcada, en su lugar, por «la opacidad, negociaciones apresuradas y una influencia desproporcionada de lobistas empresariales». CIDSE lleva desde que se abrió esta posibilidad alzando su voz contra la reforma de la directiva.

CIDSE se hacía eco de un estudio del profesor Johannes Jäger, que aseguraba que, lejos de perjudicar a los negocios, las regulaciones estrictas en materia de diligencia debida crean resiliencia económica a largo plazo, equilibran los campos de juego global y reducen los costes asociados a los abusos de los derechos humanos y la destrucción ambiental. «Los trabajadores, empresas y ciudadanos de Europa se merecen un marco tanto que proteja sus intereses como que prepare nuestra economía para el éxito a largo plazo».