La Iglesia en Nicaragua ha sufrido en 2024 177 actos de hostilidad del régimen
Tres de los nueve obispos del país han sido expulsados en este año. La abogada Martha Molina, autora de la nueva edición del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, asegura que la reducción del número de agresiones no se debe a una mayor libertad sino al creciente miedo a denunciarlas
En el año 2024, se han registrado en Nicaragua 177 actos de hostilidad contra la Iglesia católica. Lo revela la sexta edición del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, presentado este viernes por la abogada y activista Martha Patricia Molina. Con estas, las agresiones registradas desde el comienzo de la represión en 2018 suman 971.
Aunque los casos recogidos este año son muchos menos que los 321 de 2023, Molina ha asegurado que se debe a un silencio autoimpuesto por parte de los católicos. «Podríamos pensar que la dictadura disminuyó los ataques, pero no es así», subrayó. «Lo que hay es miedo y terror por parte de los clérigos y laicos que no quieren denunciar las hostilidades. No se están reportando las agresiones por temor a represalias».
La investigación señala que la principal actuación contra la Iglesia por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Munillo es la represión a religiosos. Son 348 de los 971 casos de ataques detectados desde 2018. La forma favorita de hacerlo es impedir a agentes de pastoral realizar su misión en el país. Entre abril de 2018 y diciembre de 2024, 266 han sufrido esta forma de represión: 51 han sido desterrados, 96 expulsados, a 48 se les ha prohibido el ingreso al país y 71 se han exiliado.
99 son religiosas y 167 son sacerdotes y religiosos varones. Entre ellos están el nuncio en el país y cuatro de los nueve obispos de la nación: Silvio José Báez Ortega, auxiliar de Managua; Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa; Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de Siuna, y Carlos Enrique Herrera, de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Tres de los cuatro, es decir, un tercio del total, fueron expulsados a lo largo de 2014: Álvarez y Mora el 14 de enero y Herrera el 13 de noviembre. Por otro lado, 30 personas vinculadas a la Iglesia se han visto despojadas de la nacionalidad venezolana.
El resto de acciones contra la Iglesia desde 2018 fueron ataques, asedios, impedimentos, prohibiciones y actos terroristas a templos o edificios (244), robos y profanaciones (101), represión a laicos (97), pintadas y mensajes de odio (88), cierre de organizaciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación y obras sociales (74) y confiscaciones (19).
Reclusión en los templos
Además, la dictadura ha prohibido al menos 11.763 actividades de piedad popular entre 2019 y diciembre de 2024, según expone el informe. La inmensa mayoría de casos se produjeron en 2023 y 2024. En estos años, se estima que cerca del 98 % de manifestaciones religiosas católicas no se celebraron o bien lo hicieron dentro de los templos.
El informe recoge asimismo que el régimen ha confiscado al menos 19 propiedades de la Iglesia. Junto a esto, ha cerrado cuatro universidades, dos institutos, 24 medios de comunicación y 44 organizaciones sin fines de lucro (todos vinculados a la Iglesia) desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Molina no descarta que próximamente se consumen más confiscaciones. «Recientemente, la dictadura sandinista canceló 1.500 organizaciones sin fines de lucro y ordenó a la Procuraduría que todas las propiedades fueran traspasadas al Estado. Se espera que dentro de esas 1.500 también haya 46 de índole religiosa católica, por lo que esas propiedades serán confiscadas en las próximas semanas», afirmó.
«Fidelidad al Evangelio»
«Hablar hoy sobre la Iglesia católica de Nicaragua es sinónimo de entrega, compromiso y fidelidad al Evangelio y al pueblo en medio de una situación de represión sistemática y constantes violaciones a los derechos humanos en uno de los peores regímenes autoritarios de la región», subraya en el prólogo el periodista nicaragüense en el exilio Israel González Espinoza, colaborador de Alfa y Omega. Esta persecución afecta a todas las facetas de la labor de la Iglesia, desde la obra social a la devoción popular.
«A día de hoy, es innegable que el régimen orteguista, con toda la fuerza coercitiva que le brinda el aparato institucional del Estado nicaragüense, intenta borrar con todos los medios posibles la presencia pública del catolicismo en el país». Ello se debe a su compromiso. Junto a los datos sobre la represión, el informe «está lleno de lo mejor que tiene la Iglesia de Nicaragua: una jerarquía y clero valiente y profético, y un pueblo que sigue luchando desde su fe y la no-violencia activa frente al terror totalitario».