Marcelina lucha para que los suyos no beban mercurio y lodo

«Un vigilante vio a uno de los foráneos sacar un revólver y de un golpe lanzó el arma al agua». La última amenaza de muerte contra Marcelina Angulo no fue de los individuos en moto que suelen seguirla por las calles de Iquitos (Perú) cuando va a la ciudad a hacer alguna gestión. Ocurrió cuando la líder comunitaria y vicepresidenta del comité de gestión del área de conservación Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira estaba interceptando a unos mineros ilegales y uno intentó dispararla. De no ser por los reflejos de su compañero de la organización local de vigilancia, «quizá no lo estaría contando». Con distintos cargos en su comunidad desde los 19 años, a los 40 Angulo es el alma de un grupo de 68 vigilantes y 46 defensores de derechos en esta región de la Amazonia peruana. 

Después de combatir la tala, el nuevo reto al que se enfrentan es la extracción ilegal de oro que realizan «foráneos»: sobre todo colombianos, ecuatorianos y brasileños. «En el río Nanay hay más de 90 dragas», barcas que extraen capas del fondo. «Ponen lo que sacan en una rampa donde echan mercurio» para que extraiga el metal precioso. «Luego botan los restos al agua». El oro de Iquitos, «muy fino», se utiliza para joyería. Lo sacan del país clandestinamente o lo blanquean en joyerías de la ciudad, que lo compran bajo cuerda y lo venden como obtenido legalmente. Mientras, los restos de mercurio y el lodo enturbian y envenenan el agua que beben y donde pescan los locales. «Sobre todo a los niños y a la tercera edad les provoca dolores intensos y diarrea», relata la líder comunitaria. 

Para combatirlo, grupos de diez vigilantes patrullan la zona en turnos de 15 días «a la intemperie. No tenemos un centro de vigilancia» donde cocinar, descansar o estar a salvo. Si detectan a foráneos se alejan y con un teléfono por satélite avisan a las autoridades. Pero «nos suelen decir que está muy lejos y no tienen recursos». Solo en un par de ocasiones han llegado a tiempo. Otras intervienen ellos mismos. Están autorizados para decidir el destino del material incautado. Si les es útil, como el combustible, se lo quedan. Si no, «se quema o se hace explotar». En cuanto a los mineros, «les decimos que se vayan y suelen hacerlo. Pero también podemos hacer arrestos ciudadanos».

«A cambio de nada»

Esta labor, que correspondería a las autoridades al ser un área de conservación protegida por la ley, la realizan «porque sin el bosque no podemos vivir». Pero a cambio no reciben nada; «ni víveres». Más bien solo traiciones. Por ejemplo, el año pasado el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico otorgó una concesión a la empresa Raíces Gaddaffy para explotar 1.000 hectáreas en el Alto Nanay. 

Ahí empieza la labor de los 46 defensores de derechos del grupo: luchar por sus comunidades en los tribunales, ante las autoridades y con protestas. Además de pedir que se cumpla la ley, reivindican proyectos de desarrollo sostenible, ya que «muchas familias no tienen dinero para los estudios de sus hijos» y les tienta el dinero que supone «trabajar unos días» para los mineros. Para reclamar esto, Angulo ha llegado a presentarse en reuniones del gobernador, después de que este ignorara hasta seis peticiones de una cita. Ello, a pesar de que cada acción implica ocho días de viaje —cuatro de ida y cuatro de vuelta— en barca por el río. En ocasiones, la acompañan sus hijos pequeños, de 16, 9 y 3 años —tiene otro ya adulto—. Las amenazas salpican a su familia y no se siente segura dejándoselos a alguien. 

En esta tarea, los defensores cuentan con la ayuda de la Iglesia a través de la Oficina de Derechos Humanos del vicariato apostólico de Iquitos. En ella, Rita Ruck forma a los líderes comunitarios y los asesora y representa legalmente desde hace 21 años. En el caso de la concesión minera del año pasado, han presentado demandas civiles y penales. «Y nos fuimos hasta el Congreso, en Lima», si bien con escaso resultado. Ha actuado también en casos de derrames de petróleo y defiende a los líderes denunciados por organizar protestas. Este año han logrado la absolución de algunos «tras 16 años criminalizados».

Angulo y Ruck están visitando España para dar a conocer los desafíos a los que se enfrentan y su labor. En ella tienen también el apoyo económico de la Junta de Castilla y León a través del programa Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Estos fondos les permiten formar a 180 líderes, asesorar legalmente a 120 y llegar a las zonas más remotas de la selva.

En un país con una treintena de líderes ambientales asesinados en diez años —y el número de amenazas en aumento—, Angulo confiesa que «estamos al pie del cañón pero nos cansamos. No lo dejo porque si yo me salgo, otras personas se irían después». Ni el tumor cerebral ­—«operable», matiza— que le han diagnosticado la frena. «Espero que Dios me dé vida para seguir». Y advierte de que la lucha no es solo suya: «Nosotros cuidamos el pulmón del mundo también para ustedes. Si no, ¿quién lo va a hacer?».