La Iglesia denuncia la minería ilegal que causó la muerte de cinco personas - Alfa y Omega

La Iglesia denuncia la minería ilegal que causó la muerte de cinco personas

A pesar de medidas judiciales cautelares contra el extractivismo en Esmeraldas, «las actividades mineras siguen con impunidad», y si cabe con «mayor agresividad» desde el inicio de la pandemia

Redacción
Foto: Iglesia y Mineria

La Iglesia de Esmeraldas (Ecuador) ha denunciado públicamente la responsabilidad de la minería ilegal en el deslizamiento de tierra que la semana pasada costó la vida a cinco personas, entre ellas menores, en uno de los frentes mineros del cantón San Lorenzo. En un comunicado, monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas, junto a los representantes de Cáritas y de la Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE), expresa su solidaridad con las víctimas y sus allegados y reclama a las autoridades «una investigación exhaustiva para determinar la causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad minería».

El texto, del que se hace eco la Red Iglesias y Minería, subraya que a pesar de que las empresas mineras que trabajan en la zona disponen de permiso de operación del Ministerio de Minería, la actividad que realizan «es completamente ilegal». Desde 2011, explican, existen medidas cautelares paralizándola. El juzgado multicompetente de San Lorenzo tomó esta decisión para proteger el derecho de las 90 comunidades de la zona norte de Esmeraldas a agua de calidad, a la salud, a vivir en un ambiente sano y a la alimentación.

El juez renovó en 2018 la decisión, que prohíbe, añaden los firmantes, «toda actividad minera en la zona norte, hasta que no se remedie y se repare todo el daño ocasionado al ambiente y a los pobladores». Pero a pesar de ello, «las actividades mineras siguen con impunidad». De hecho, desde el inicio de la pandemia de COVID-19 «se desarrollan con mayor agresividad e intensidad», y con la «complicidad» de las autoridades.

Petición de «mano dura»

La Iglesia en Esmeraldas denuncia también la acciones intimidatorias contra los habitantes de la zona, que «no denuncian abiertamente» los daños ambientales por «temor a represalias contra sus vidas y las de sus familiares». Y recoge el testimonio de uno de ellos, en el que se afirma que «muchos pobladores han sido amenazados con armas de fuego». 

Frente a estos abusos, el comunicado exige que «cese inmediatamente la actividad minera ilegal y legal que está contaminando todas las fuentes hídricas, deteriorando los ríos y ecosistemas, flora, fauna, y principalmente afectando la salud de los pobladores quienes aún utilizan sus aguas». Para ello, es necesario que el Estado se haga más presente, y que todas las autoridades competentes «pongan mano dura a esta actividad y realicen trabajos permanentes de control». 

Más allá del cese de la minería, la Iglesia exhorta por último a que se pongan en marcha proyectos de restauración ambiental. «Junto a las comunidades cristinas y al Papa Francisco, demandamos justicia para las familias afectadas y llamamos a promover una ecología integral que ponga en el centro a los seres humanos y a la hermana naturaleza».