Los políticos se preocupan «más por la ideología que por el futuro» de los menores migrantes en Canarias

«Vistas las últimas declaraciones de los responsables políticos que lideran las comunidades autónomas, veo difícil que se llegue a un consenso que vaya a mejorar el bienestar de los menores a los que tenemos la responsabilidad y obligación de atender», sentencia a Alfa y Omega José Antonio Benítez, claretiano y miembro del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones de la diócesis de Canarias. Es escéptico ante los posibles frutos de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, una reunión que se celebra este miércoles 10 de julio en Tenerife entre los responsables de infancia de las comunidades autónomas y sus presidentes para abordar el reparto de menores hacinados en Canarias entre el resto de territorios.

Aunque algo descreído ante que se puedan alcanzar compromisos de calado, sí considera que «hacía tiempo que este tipo de reuniones eran necesarias». Es decir, «que todas las instituciones, públicas y privadas, se pusieran de acuerdo en lo más necesario y más oportuno para dar la atención básica, respetuosa y honesta que merecen los menores».

En Canarias los recursos están sobrepasados desde hace meses, con más de 5.500 menores tutelados debido a las continuas llegadas de migrantes al archipiélago. La mayoría (94 %) son varones de entre 12 y 17 años y proceden principalmente de Senegal, Mali, Gambia y Marruecos, seguidos, de lejos, por Guinea-Conakri y Mauritania. Otro 5 % tiene entre siete y once años. Y un 1 % tienen seis años o menos.

Ante esta realidad, Benítez confiesa que «me repatea cuando las noticias hablan de números» cuando, en realidad, esta emergencia afecta «a niños». «No podemos estar continuamente comercializando la realidad», protesta. Y lamenta que en algunas declaraciones xenófobas de políticos «haya mucha más ideología que preocupación por el bienestar y el futuro».

El claretiano señala también las dinámicas por las que, al alcanzar la mayoría de edad, los menores «se quedan en situación de sinhogarismo» y sin «la posibilidad de acceder a un centro de estudios». Por su parte, reivindica el trabajo de la diócesis de Canarias, que ha hecho lo posible por poner en marcha corredores humanitarios para los jóvenes extutelados. «Es una medida en la que la Iglesia tomó la iniciativa para poder solventar esta crisis», explica. También elogia «las dos cartas que nuestros obispos han enviado a toda la feligresía y todos los cristianos». En ellas, los prelados rechazan «la instrumentalización ideológica» de las migraciones.

Tanto el gobierno de las islas como el central abogan por una reforma de la Ley de Extranjería y garantizar una distribución más equitativa de estos menores entre los territorios. En 2023, las comunidades autónomas se comprometieron a acoger, entre todas, la modesta cifra de 396 jóvenes provenientes de Canarias. Solo cuatro regiones —Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra— comenzaron a hacerlo, aunque sin alcanzar en ningún caso la cuota a la que se habían comprometido.