La Eurocámara vota este martes incluir la gestación subrogada como trata

Hoy martes 23 de abril será un día clave en el avance de derechos de las mujeres europeas. El Parlamento Europeo (PE) debatirá una norma pionera en la lucha por la igualdad que arrastra a sus espaldas meses de trabajo y diálogo entre las fuerzas representadas en la Eurocámara: la directiva contra la trata de seres humanos, que recoge novedades, como la inclusión de la gestación subrogada, el matrimonio forzado o el ciberacoso, reconocidos como eurodelitos penalizados con hasta diez años de cárcel.

Tal y como informó en la red social X la francesa Olivia Maurel, nacida por esta práctica —que se ha convertido en una activista contra los vientres de alquiler y que se reunió con el Papa en el Vaticano el 4 de abril— la maternidad subrogada se incluyó en la directiva como un tipo más de explotación.

Ahora bien, la normativa está acotada a quienes coaccionen o engañen a las mujeres para que accedan a alquilar sus úteros.

«Hemos introducido, entre otras cosas, la explotación de la gestación subrogada, mejorado la prevención, reforzado la investigación y las actuaciones judiciales, así como la coordinación y el seguimiento, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas. Hoy estamos un poco más cerca de acabar con esta forma de barbarie», celebró en enero la eurodiputada María Eurgenia Rodríguez Palop (Sumar), que ha sido una de las negociadoras del texto.

Maurel es también portavoz de la Declaración de Casablanca y participará junto a Bernard Garcia Larrain, uno de los coordinadores de esta iniciativa que busca la abolición mundial de este negocio boyante que en 2022 recabó unos beneficios de 12.780 millones de euros, según los datos recogidos por Global Market Insights, en una conferencia en Estrasburgo para presentar su lucha por la abolición de esta práctica.

La norma que será sometida a votación en el pleno del Parlamento del 23 de abril también incluye la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, y normas específicas para los delitos online, incluida la divulgación de material íntimo y el ciberflashing.