El Supremo declara ilegal la expulsión de menores desde Ceuta en 2021

La expulsión de 55 menores de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal. Así lo confirman dos sentencias del Tribunal Supremo, basándose en la «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería. Esta ley establece que para devolver a menores extranjeros deben de seguirse varios trámites que incluyen la apertura individual de un procedimiento para cada caso, la recogida de información sobre el menor y su familia, así como la realización de una audiencia y la intervención de la Fiscalía. Nada se llevó a cabo en este caso, confirma el Alto Tribunal.

Las autoridades implicadas, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Ceuta sustentan la legalidad de las expulsiones que llevaron a cabo en la aplicación del acuerdo hispano-marroquí de 2007 para la prevención de la migración ilegal de menores. Pero este pacto no detalla el procedimiento para las expulsiones. «La realidad es que no se ha aplicado jamás», explica Paloma García de Viedma, abogada de la Fundación Raíces, una de las organizaciones que han actuado en nombre de algunos de los menores expulsados. «Además, el texto dice que todo lo que se pacta ahí se hará con estricta observancia de la legislación española», por lo que no exime de seguir lo que prescribe la Ley de Extranjería. «El argumento del Estado es jurídicamente absurdo».

Los jóvenes llegaron de manera irregular a Ceuta aprovechando la entrada masiva de casi 10.000 personas el 17 y el 18 de mayo de 2021. A esta circunstancia extraordinaria se aferra el Estado para justificar los procedimientos de expulsión. Sin embargo, en la experiencia de organizaciones que trabajan en la frontera sur desde hace años no es una sorpresa que se use este acuerdo para justificar actuaciones de dudosa legalidad. Aseguran que ya ocurrió hace años en Melilla. «A tres chicos que estaban en un centro de acogida se les expulsó de mala manera dejándolos en la frontera en manos de la Policía marroquí». Pasaron la noche en el calabozo, «los obligaron a limpiar toda la comisaría y después los echaron a la calle». Pocas horas después estaban de nuevo en Melilla. «No son casos aislados. El acuerdo se ha utilizado como amenaza y provocaba miedo en los niños», cuenta Maite Echarte, presidenta de la entidad Mec de la Rue, de Melilla.

La lógica que se aplica en frontera en el día a día, como bien ejemplifica el caso de 2021, a menudo está muy alejada de la legislación. Pep Buades, coordinador de Frontera Sur del Servicio Jesuita al Migrante (SJM) explica que Marruecos intenta «presionar, como en cualquier negociación, y España intenta acomodarse. Es muy cínico porque a ellos les da igual que este chico esté aquí o allí. Son peones en una partida más grande».

¿Qué interés del menor?

Tras la primera sentencia del Supremo el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aludía al interés superior del menor como motor principal para la toma de decisiones en este caso. «El interés de los chavales es venir aquí, ¿de qué interés hablamos?», se pregunta Echarte. «Los chavales que expulsan bajo este acuerdo, sin buscar a su familia y sin investigar, a las horas ya están de vuelta o lo van a volver a intentar. Lo único que les supone es sufrimiento».

Para la abogada García de Viedma, «no solo se tendría que haber hecho el estudio individualizado de cada caso, es que se podía haber hecho. Las entidades sí lo hicimos». El Estado no «porque no era conveniente: en muchos casos el resultado habría sido que no eran repatriables». Además, «si ni siquiera tienes una buena relación diplomática como para investigar cómo está el menor allí, cómo puedes pensar que su interés superior sea volver a un Estado que no colabora», pregunta.

Para Ismail el Majdoubi, joven migrante extutelado y fundador de la organización ExMENAS, «lo más grave» es que para estos chicos ha marcado un antes y un después. «Lo apostaron todo, abandonaron todo en Marruecos para ser expulsados sin ninguna garantía». Perdieron los ánimos y no volverán a ser los mismos. «Han vuelto con más desesperación, con más rabia a un lugar como Marruecos que no da nada por ellos; ¿qué pasa con estos niños?». De los 20 menores afectados por las dos sentencias del Tribunal Supremo, ocho se encuentran en España y doce en Marruecos, la mayoría de ellos en situaciones de extrema pobreza y alguno incluso en situación de calle. No se refiere solo a los afectados por la sentencia. «Hubo chavales que murieron porque volvieron a intentar entrar a nado», cuenta.