Estados Unidos mantiene a Nicaragua en su lista negra de libertad religiosa

El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a incluir a Cuba y Nicaragua, entre otros países como Rusia y China, en su lista negra de naciones que violan la libertad religiosa. Este listado, hecho público el pasado jueves, alude a las naciones que el Departamento de Estado —equivalente a un ministerio de Exteriores— considera «de particular preocupación».

Entre ellas, además de las cuatro ya mencionadas, se encuentran Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán, Myanmar, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán. Todos son Estados que han «participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa».

Tanto Nicaragua como Cuba entraron por primera vez en este triste ranking en 2022. Desde entonces la situación no ha mejorado. Más aún, ha empeorado significativamente en el caso de Nicaragua, donde la represión comenzó tras el levantamiento popular de 2018 contra el Gobierno. Durante estas fiestas de Navidad, el régimen de Ortega ha sido especialmente represivo y ya ha detenido a un total de 14 sacerdotes.

Pocos días antes había sido arrestado también Isidoro Mora, obispo de Siuna. Se trata del segundo prelado en cautividad después de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado a 26 años de prisión en febrero de 2023. El pasado martes Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, exigió a través de la red social X (antes Twitter) su «liberación inmediata e incondicional».

Patrimonio religioso de Nagorno

La lista de países cuyas violaciones de la libertad religiosa preocupan a Estados Unidos se mantiene sin ningún cambio desde el año pasado. Sí hay un añadido entre las naciones «en observación». A esta categoría, que ya incluía a Argelia, las Comoras, República Centroafricana y Vietnam, se suma Azerbaiyán.

El Departamento de Estado ha respondido así a una recomendación de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional. A principios de diciembre, este organismo hizo público un informe sobre la nación caucásica, en el que denunciaba que «en los últimos tres años el Gobierno ha enmendado dos veces su ley sobre religiones para introducir nuevas restricciones».

Citaba además «la preocupación por los lugares religiosos en Nagorno Karabaj», la región separatista anteriormente poblada por armenios —cristianos— contra la que el Gobierno dirigió una ofensiva el pasado septiembre hasta su rendición y el consiguiente éxodo de la mayor parte de sus habitantes, más de 100.000 personas. A la comisión le inquietaba también «la represión de activistas religiosos musulmanes chiitas y el impacto de la negativa del Gobierno a permitir la objeción de conciencia».

No tuvo el mismo éxito la sugerencia de la comisión de que el Gobierno también incluyera en su lista negra a la India. Se alegaba para ello la incitación a los ataques contra las minorías religiosas y la posterior impunidad de los atacantes bajo el Gobierno del primer ministro Narendra Modi, de ideología nacionalista hindú.

El Departamento de Estado, en un intento por mantener mejores relaciones con Nueva Delhi, desoyó la sugerencia de la comisión. El único y sutil señalamiento al país asiático fue la afirmación, en su comunicado, de que «también se producen violaciones significativas contra la libertad religiosa en países no designados».

Desafíos sistémicos

Estados Unidos también ha mantenido en la lista negra a varios grupos armados que tienen control territorial, como los talibanes en Afganistán, los hutíes en Yemen, Boko Haram en Nigeria, Al Shabaab en Somalia, la Organización para la Liberación del Levante en Siria o varios afiliados del Estado Islámico y Al Qaeda en África. Salió de este conjunto el Grupo Wagner, que desde la muerte de su líder Yevgueni Prigozhin ha quedado integrado dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia.

«Los desafíos a la libertad religiosa en todo el mundo son estructurales, sistémicos y profundamente arraigados», afirma el comunicado del Departamento de Estado. Los Gobiernos que figuran en la lista «deben poner fin a abusos como los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica».