Nace un pacto de Estado para proteger a los menores de los riesgos del móvil

Los menores están accediendo cada vez más pronto a dispositivos adictivos que les ofrecen contenidos perjudiciales para su crecimiento. Esta preocupación social ha llevado a la Fiscalía de Menores y a la Agencia Española de Protección de Datos a promover un pacto de Estado cuyo objetivo es proteger a los menores no solo de contenidos pornográficos, sino también de aquellos que muestran violencia o les facilitan realizar apuestas online. Junto a estas dos instituciones públicas, la iniciativa cuenta con el impulso de diferentes organizaciones, como la Asociación Europea para la Transición Digital, la Fundación ANAR, Save the Children, Dale Una Vuelta, iCMedia y Unicef. Ya se han adherido a la misma 131 asociaciones dedicadas a la infancia o al mundo de las adicciones.

La propuesta de pacto de Estado se concreta en 15 medidas destinadas a proteger a la infancia y a la adolescencia en el mundo digital, comenzando por la necesidad de «reconocer el problema del uso problemático de internet, redes sociales y pornografía por parte de los niños, niñas y adolescentes». Así, el texto pide admitir que «el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública», llama la atención a todos los agentes sociales —comenzando por los padres y siguiendo por la escuela— y reclama una serie de medidas técnicas que atañen sobre todo a las empresas productoras de contenido.

En este sentido, fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan a Alfa y Omega «la gran preocupación año tras año de los fiscales de menores al comprobar el daño que está causando en los adolescentes el uso abusivo de la tecnología». Mencionan en este punto «el incremento de las agresiones sexuales cometidas por menores y otros comportamientos que se atribuyen al consumo de pornografía de niños y niñas». Y confirman que «el acceso cada vez más temprano al uso de dispositivos móviles les permite consumir un material para el que no están preparados». Pero la alarma no ha saltado solo por el creciente aumento del consumo de porno. Dichas fuentes mencionan también «una mayor banalización de la violencia que están percibiendo los fiscales de menores», que se refleja «en tantos casos de agresiones domésticas y escolares» protagonizados por menores.

Algunas instituciones ya están dando pasos en torno a este problema. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos presentará el 14 de diciembre un sistema que verificará la edad del internauta al acceder a páginas de contenido sensible. Se trata de un paso necesario, porque hasta ahora al usuario solo le bastaba declarar su mayoría de edad para entrar en ellas, un trámite fácilmente salvado por los adolescentes. Esta solución acotaría la acción de muchas empresas cuyo modelo de negocio «se basa en la captación de la atención de los niños a través de diseños persuasivos», denuncia el pacto.

También la Iglesia católica está implicada en la búsqueda de soluciones. Los obispos españoles aprobaron en su última Plenaria un «proyecto en favor de la dignidad de la persona», preocupados «por el consumo creciente de pornografía entre los jóvenes a través de internet, la banalización de la sexualidad, el consumo de prostitución y la explotación sexual, la salud mental, o las adicciones». De momento, varios expertos analizarán estos fenómenos y en los próximos meses se ofrecerán desde la CEE orientaciones para hacerles frente.

Los partidos políticos son otras entidades que se han puesto manos a la obra. En la Comunidad de Madrid, Partido Popular y PSOE han dejado de lado sus diferencias para crear una comisión que estudie las consecuencias del uso del móvil en edades tempranas. Y al sur, la Junta de Andalucía pondrá en marcha el año que viene un plan de prevención de adicciones en la adolescencia. Todo ello se une a los numerosos grupos de padres de toda España que se están organizado para no dar el móvil a sus hijos hasta los 16 años. Todas estas inquietudes las recoge el pacto de Estado, que en próximas fechas será presentado en el Congreso a todos los partidos con el fin de alcanzar «un compromiso en torno a unos principios de consenso» de cara a la legislatura que acaba de comenzar.